CARACAS, Venezuela (AP) — El diálogo entre el gobierno y la coalición opositora entra en su tercera semana, aunque el alcalde metropolitano de Caracas, un líder opositor, declaró el lunes que la sentencia del Tribunal Supremo de prohibir las manifestaciones no autorizadas es una "patada" al proceso de diálogo.
El gobierno y la llamada Mesa de la Unidad Democrática esperan definir esta semana los grupos de trabajo para constituir las comisiones que investigarán los eventos de los últimos meses y los casos de algunos opositores detenidos.
El vicepresidente Jorge Arreaza anunció el lunes que el gobierno nombró a los diputados Elvis Amoroso y Robert Serra para representar al oficialismo en el grupo de trabajo, que se encargará de elaborar las propuestas y la conformación general de la llamada Comisión de la Verdad, que investigará los eventos del primer trimestre del año. Por la oposición participarán en el grupo de trabajo los dirigentes Delsa Solórzano y Roberto Enríquez.
Arreaza dijo en un acto con empresarios en el estado occidental de Zulia que el gobierno también acordó la formación de un equipo médico para evaluar esta semana el estado de salud de Iván Simonovis, un exjefe policial condenado en 2009 a 30 años de cárcel por complicidad en la muertes de manifestantes oficialistas que ocurrieron en medio del fallido golpe de abril de 2002.
Simonovis padece varias afecciones graves de salud que han llevado a la oposición a emprender una campaña para lograr que el excomisario sea sacado de la cárcel militar donde está recluido.
"Son acuerdos que vamos alcanzando, no son pactos", dijo el vicepresidente en una transmisión de la televisora estatal al defender el proceso de diálogo, pero sostuvo que "hay desesperación de algunos actores". Arreaza no ofreció detalles.
La coalición opositora dijo en un comunicado que las partes también acordaron la creación de un grupo de trabajo para revisar los casos de venezolanos vinculados a actividades políticas con procedimientos judiciales abiertos.
En las últimas dos semanas las partes no han logrado estructurar los grupos de trabajo, lo que ha generado dudas sobre el avance y futuro del proceso.
Solórzano afirmó que esta semana deben instalarse las comisiones de trabajo pero agregó que "si nada de esto ocurre, pues no hubo diálogo".
La dirigente admitió que el proceso de acercamiento entre el gobierno y la oposición "ha caminado con cierta lentitud" y agregó a The Associated Press en entrevista telefónica que "esperamos que para esta semana a esto se le imprima celeridad".
Ante la idea que han expresado algunos opositores de que el gobierno estaría "dinamitando" el proceso ante la decisión que tomó el Tribunal Supremo de prohibir las protestas pacíficas que no tengan permiso, así como la intensificación de las acciones de los cuerpos de seguridad contra los manifestantes, Solórzano afirmó que "una de las razones fundamentales por las cuales nosotros aceptamos la necesidad de este diálogo fue para poner fin a la represión, la prisión y la persecución política".
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, afirmó que con esa sentencia del máximo tribunal "se le está dando una patada" al proceso de diálogo y declaró a la emisora local Unión Radio que lo más importante de cualquier esfuerzo que se haga en materia de conversaciones es que se lleguen a hechos concretos.
El gobierno y el bloque opositor sostuvieron el 10 de abril un primer encuentro al que le siguieron otras dos reuniones. El proceso de acercamiento cuenta con la facilitación de los cancilleres de Brasil, Ecuador y Colombia y el nuncio apostólico en Venezuela.
Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, contra la desbordada inflación -que alcanzó en marzo una tasa anualizada de 59%-, el desabastecimiento de productos básicos y un alto índice de delincuencia.
Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han dejado 41 muertos, 674 heridos y más de 2.200 detenidos, de los cuales 175 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.
El movimiento estudiantil, que ha sido el principal promotor de las protestas callejeras, descartó que vaya a detener las manifestaciones a pesar de la sentencia del máximo tribunal.
"El gobierno intenta aplastarnos porque no tiene cómo darle respuesta a la calle y cree que... amedrentando al pueblo nos va a querer contener", dijo Alfredo Graffe, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la estatal Universidad Simón Bolívar de Caracas.
Graffe indicó a la AP que si en el gobierno "ya agotaron su discurso, lo de nosotros es no agotar nuestro recurso humano ni la motivación de nuestra gente".
El dirigente universitario agregó que además de las protestas de calle el movimiento estudiantil se está concentrando ahora en visitar las fábricas y hablar con los trabajadores para una "interacción con gremios y sindicatos y allí ir construyendo esto para que se generalice el mensaje".
La Sociedad Interamericana de Prensa exigió a las autoridades y líderes políticos mayores esfuerzos de transparencia y respeto al derecho del público a la información en Venezuela. Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo en un comunicado del pasado 25 de abril que "no puede haber diálogo sin prensa".
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