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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Fiscalía de la Ciudad de México anunció el lunes que interpuso cargos penales contra 10 “individuos y compañías” por defectos de construcción y diseño que provocaron el desplome de un tramo de la Línea 12 del metro en mayo, lo que dejó 26 muertos.

Ulises Lara, portavoz de la Fiscalía capitalina, dijo que los cargos son por homicidio involuntario o por negligencia, lesiones y daño en la propiedad. Lara no mencionó a los acusados, en apego a las normas de presunción de inocencia.

Pero medios locales reportaron que incluían a exfuncionarios de la ciudad que tenían responsabilidades cuando se construyó la línea del tren subterráneo hace más de una década.

Lara dijo que no se emitieron órdenes de arresto para los involucrados y que se les notificaría para que se presenten ante un juez en la audiencia inicial del caso, programada para el 25 de octubre.

Los fiscales dicen que los estudios de los expertos hallaron que el desplome se debió a defectos en la construcción como soldaduras deficientes y pernos faltantes. Presuntamente, también se cometieron errores de diseño.

En el caso de las compañías involucradas, los fiscales han dicho que el objetivo de los cargos penales es hacerles pagar o reparar daños tanto en el metro como a las víctimas. Aparentemente, los cargos penales contra los individuos podrían resultar en sentencias de cárcel.

El informe de la Fiscalía, presentado la semana pasada, fue similar, aunque un poco más amplio, que las conclusiones anunciadas en septiembre por la firma privada noruega de certificación DNV.

En ambos reportes se citó la presencia de pernos mal soldados, mal ubicados o su ausencia total cuando debían unir las vigas de acero que servían de soporte a una capa de concreto donde descansaba la plataforma de la vía.

Pero la Fiscalía mencionó también la existencia de soldaduras defectuosas en las vigas de acero ubicadas debajo de la placa de concreto de la vía, que no se adhirieron o se abrieron. Los puntales de acero pensados para reforzar las vigas eran demasiado cortos o no estaban bien sujetos, y la línea elevada no estaba diseñada con un margen de seguridad suficiente, añadieron.

Estos problemas deformaron el entramado de la línea causando “grietas de fatiga” que redujeron la capacidad de la estructura para soportar peso.

La Línea 12 de la Ciudad de México, con un costo de 1.300 millones de dólares, se construyó entre 2010 y 2012, cuando el actual secretario de Exteriores, Marcelo Ebrard, era el alcalde de la capital. Ebrard está considerado uno de los probables candidatos a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El proyecto estuvo marcado por los sobrecostos y supuestos fallos de diseño, corrupción y conflictos de interés.

El gobierno municipal se vio obligado a cerrar la línea en 2014, apenas 17 meses después de su inauguración, para que la vía pudiese ser sustituida o reparada. La parte que se derrumbó sigue cerrada desde mayo.

Algunas empresas involucradas en la construcción original han alegado desde entonces que un balastro más pesado y otros cambios y reparaciones efectuados a lo largo de los años podrían haber agregado demasiado peso a la línea elevada, o que ésta podría haberse debilitado por los frecuentes sismos registrados en la capital.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Seis personas fallecieron y otras dos resultaron heridas tras ser atacadas el lunes en plena calle por tres pistoleros en una localidad del occidente mexicano.

En la ciudad de Morelia, capital de estado de Michoacán, se registró la madrugada del lunes un violento incidente cuando tres personas se bajaron de dos vehículos y sin mediar palabras comenzaron a descargar su armas contra un grupo que se encontraba aglomerado frente a un bar, según un video que se difundió en las redes sociales.

En el lugar del ataque murieron tres personas y otras tres fallecieron mientras recibían atención en los centros de salud, indicó en un comunicado la Fiscalía General de Michoacán. Otra dos personas resultaron heridas en el hecho.

La Fiscalía General indicó que abrió una investigación por el caso y aseguró dos vehículos, uno de ellos sin placas de circulación que se encontraba estacionado en el lugar del ataque.

Michoacán es uno de los seis estados del país, junto con Guanajuato, Baja California, Jalisco, México, y Chihuahua, que concentraron la mitad de los homicidios que se registraron durante enero y agosto que alcanzaron los 22.611, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo a las autoridades los homicidios dolosos ocurridos en los primeros ochos meses del año disminuyeron 3,9%, en comparación con igual período del año pasado.

Las políticas de seguridad desarrolladas por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante los primeros tres años de su sexenio han sido cuestionado por opositores y analistas que sostienen que no hay un plan definido y que sólo aplican acciones aisladas que no han contribuido a resolver el problema de la criminalidad en México.

NUEVA YORK (AP) — El abogado del expresidente peruano Alejandro Toledo, acusado en un escándalo de sobornos, aseguró que no debería ir a la cárcel debido a sus problemas de salud y al riesgo de contagio de COVID-19 en prisión.

El abogado Geoffrey Hansen dijo al juez del caso que Toledo es un hombre de 76 años y mala salud que se encuentra “en gran riesgo de morir del COVID-19” si ingresa a prisión.

Hansen hizo su solicitud después de que la fiscalía del distrito norte de California pidiera que Toledo vaya a la cárcel. Los fiscales hicieron la petición porque un juez resolvió a fines de septiembre que Toledo puede ser extraditado a su país natal, donde es buscado por delitos vinculados con un escándalo de corrupción ligado a la constructora brasileña Odebrecht.

Hansen dijo también que el juez del caso, Thomas Hixson, tiene el poder de mantener a Toledo en arresto domiciliario como hasta ahora. La fiscalía había dicho que la fianza de Toledo ya no está permitida una vez el juez resuelve que puede ser extraditado.

Toledo fue detenido en 2019 en Estados Unidos por una solicitud de extradición ligada a sobornos que la constructora brasileña Odebrecht realizó en su país. Tiempo después se le cambió por un arresto domiciliario.

Los fiscales peruanos afirman que Toledo habría recibido hasta 35 millones de Odebrecht para favorecerla en diversas obras de infraestructura durante su gestión entre 2001 y 2006.

Hixson dijo en su orden de 30 páginas del mes pasado que la corte “ha oído y considerado las pruebas de criminalidad y cree que son suficientes para sostener los cargos de confabulación y lavado de dinero bajo las provisiones del tratado de extradición entre Estados Unidos y la República del Perú”.

La petición del abogado de Toledo se encuentra en el sistema electrónico de las cortes federales estadounidenses. En ella, Hansen dice que su cliente está vacunado contra el COVID-19 pero que aún así está demostrado que el riesgo de contraer el virus aumenta en una cárcel. Hansen también dice en los documentos que encarcelar a Toledo sería muy perjudicial para su salud mental y física, ya que se en julio se fracturó el hombro derecho ras una caída, tuvo que ser operado y necesita terapia física.

La extradición del expresidente Toledo debe ser aprobada en última instancia por el Departamento de Estado estadounidense.

En caso de ser extraditado, Toledo será el segundo presidente peruano en llegar desde otro país mediante un tratado bilateral de este tipo.

En 2007 Alberto Fujimori (1990-2000) arribó a Perú extraditado desde Chile y actualmente cumple 25 años de cárcel por asesinato y corrupción. Estados Unidos extraditó al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en 2018.

LISBOA (AP) — Una operación policial internacional permitió confiscar 5,2 toneladas de cocaína con un valor de venta de unos 200 millones de euros (232 millones de dólares) en un yate en el Océano Atlántico, dijeron las autoridades portuguesas el lunes.

Fue la incautación más grande de Europa en los últimos años y la mayor en Portugal en 15 años, informó la policía.

La policía localizó e interceptó un yate de 24 metros (79 pies) de eslora en el mar, según un comunicado. Las autoridades abordaron el barco y encontraron 183 fardos de cocaína.

La policía sospechaba que la cocaína pertenecía a una banda internacional de narcotráfico que llevaba cocaína a Europa a través de la Península Ibérica.

Tres hombres fueron detenidos y llevados a Portugal.

En la operación participaron agentes de las policías de Portugal, España, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Nacional contra el Crimen de Gran Bretaña.

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La organización Disability Rights International (DRI), que se dedica a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, denunció el miércoles que en Guatemala menores de edad que sobrevivieron al incendio de un hogar de acogida estatal ocurrido en 2017 y que mató a 41 niñas, aún siguen en riesgo debido a la falta de protección del Estado y que de los 600 menores recluidos en el lugar el día de la tragedia, 61 han muerto en diferentes circunstancias, incluso por violencia.

El informe “Todavía en riesgo: Muerte y desaparición de sobrevivientes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, dice que de los 600 menores detenidos cuando fue el siniestro se han activado alertas Amber (Alba-Keneth en Guatemala) para la búsqueda de 94 niñas y niños que desaparecieron o continúan desaparecidos y que aún hay 160 menores que permanecen dentro de la institución, la mayoría de ellos con discapacidad.

La organización dijo que un informe oficial del gobierno al que tuvieron acceso detalló que dan seguimiento a 40 mujeres, a las que se refiere como ‘sobrevivientes del incendio’, pero que no ha podido localizar a por lo menos 11 de éstas.

“El gobierno no ha tomado las medidas necesarias para proteger a las y los sobrevivientes, y mucho menos brindarles el apoyo y las reparaciones a las que tienen derecho como sobrevivientes de violaciones bajo la custodia del Estado”, explicó Eric Rosenthal, Director Ejecutivo de DRI en un comunicado de prensa.

La organización denunció que familiares de menores fallecidas en el incendio han sido asesinadas después de la tragedia.

“En junio de 2018, Gloria Pérez y Pérez, madre de Iris Yodenis León Pérez (fallecida a causa del incendio) fue asesinada junto con su esposo, Nery León, y su hija de 13 años, Nury León Pérez -quien también había sido detenida en Virgen de la Asunción. Toda la familia fue asesinada en su casa de Sayaxché, Petén. Más recientemente, en febrero de 2021, la madre de Wendy Anahí Vividor (muerta en la tragedia), María Elizabeth Ramírez, fue asesinada. Otra madre ha sufrido amenazas y agresiones físicas junto con sus hijos”, dice el estudio.

“Algunas de estas jóvenes estuvieron a punto de morir y experimentaron un trauma severo al presenciar la muerte de sus compañeras. Todas y cada una de ellas deberían haber recibido un acompañamiento cercano, asesoramiento y reparaciones por el abuso que sufrieron estando bajo la custodia del Estado. La negligencia por parte del Estado para dar un seguimiento cercano a estas jóvenes las deja expuestas a una mayor explotación y abuso”, dice el estudio.

La organización dijo que a cuatro años de la tragedia que dejó muertas a 41 niñas y heridas de gravedad a otras 15 aún continúan impunes y que además el Estado no ha dado apoyo a las familias que incluso enfrentan riesgo buscando justicia.

La tragedia sucedió el 8 de marzo de 2017. Un día antes las niñas y niños menores que estaban recluidos en el lugar realizaron una protesta denunciando abusos físicos y sexuales. Varios menores abandonaron el lugar, pero luego fueron sometidos por la policía para que regresar.

El día del incendio, como castigo, personal del lugar y policías encerraron a 56 niñas en un pequeño cuarto. Las menores siguieron protestando por la falta de comida y acceso a baños, una de las menores llevaba fósforos y como medida de protesta prendió fuego a unas colchonetas que generaron un incendio que quemó y mató a las menores.

Por el incendio nueve personas están bajo proceso por delitos menores como negligencia. No han habido detenidos por los abusos denunciados por las menores.

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Andrés Abreu y Edith Reyes comentan sobre las noticias en la edicion 1269 (14 de enero del 2022) de El Vocero Hispano.

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