Ramón Peralta
Desde que se estableció el estado americano y se firmó la constitución, que marcó las normas y reglas para regirlo, se puso en claro que hay una separación entre la religión y el estado, es decir, que el estado no puede establecer una religión como propia. Sin embargo, y como se dice, siempre hay una separación entre el dicho al hecho. Desde que el estado comenzó a ejercer sus funciones no dejaron de aparecer grupos con el interés de que el estado abrazara el cristianismo como su religión oficial, trayendo como consecuencia enfrentamientos políticos entre diversas facciones y personalidades de alta envergadura del proceso libertario que mantenían la oposición al establecimiento de un estado confesionario apegado a una confesión religiosa en particular como en los tiempos de la Edad Media y otras épocas.
A pesar de las discordancias siempre se mantuvo un respeto de los valores proclamados en la constitución de mantener una separación entre la práctica religiosa y la función del estado. Al mismo tiempo, como garantía del ejercicio del derecho individual siempre se mantuvo el respeto irrestricto de todo ciudadano a ejercer su libre opción religiosa, bajo la bandera de lo que se denomina “libertad religiosa”.
Aun cuando se ha mantenido con sus altas y sus bajas la separación entre la religión y el ejercicio del estado, no han faltado grupos religiosos deseosos de imponer sus ideas en las prácticas del estado, pasando a ser así una violación al mandato constitucional. Esa tendencia es la que ha adquirido fuerza en los últimos años cuando grupos ultraconservadores han querido forzar e imponer sus criterios religiosos en organismos públicos a espalda del mandato constitucional.
Uno de los lugares favoritos, que caen dentro del mandato de la constitución y en los que los sectores conservadores han querido imponer sus criterios religiosos, es en las escuelas públicas. Cada día en los medios de comunicación aparecen reportes de grupos queriendo imponer en distritos escolares normas y prácticas religiosas, como si los distritos escolares fueran extensiones de iglesias. En el ejercicio de esas prácticas hemos sido testigos de como se buscan eliminar textos y enseñanzas escolares con el pretexto de que no están de acuerdo con una determinada creencia religiosa, y mas que todo, que se imparta la enseñanza específica de la Biblia en las aulas escolares.
Lo mas lamentable de esta situación es que los que están encabezando las acciones están recibiendo el apoyo de la suprema autoridad de leyes en el país, es decir, de la Suprema Corte. Recientemente un dirigente deportivo que fue suspendido por hacer una imploración religiosa en un partido de football en una escuela pública, fue restaurado en su puesto por una disposición de la Suprema.
Las acciones de imponer criterios religiosos en lugares de dominio público, es decir, amparados por el mandato constitucional de la separación de la religión y el estado, han estado aumentando. Un reciente caso fue la acción de la legislatura de Texas que requiere, que en las escuelas públicas del estado se exponga visiblemente la consigna religiosa que dice en inglés “In God We Trust”. La acción ha sido considerada por muchos como una violación mas del mandato constitucional de la separación de la religión y el estado, y también, en dirección opuesta a los principios de la Primera Enmienda, que plantean claramente que el Congreso no puede pasar leyes para establecer una religión determinada. Esto no está en contradicción con el derecho que tiene cualquier individuo de ejercer libremente una creencia.
Al mismo tiempo que se desarrollan los intentos de desconocer el mandato constitucional de la separación de la religión y el estado, hay grupos que están impulsando movimientos para llevar a cabo lo que ellos denominan el “Nacionalismo Cristiano”, que no es otra cosa que reafirmar la controversial idea de que América fue fundada como una “nación cristiana” y que todas sus leyes e instituciones están basadas en la cristiandad. Los criterios opuestos a esta última concepción fueron expuestos por los fundadores de la nación cuando ratificaron en 1797 lo que se llamó el “Tratado de Tripoli”, el cual dice claramente que “el gobierno de los Estados Unidos de América no está fundado en ningún sentido en la Religión Cristiana.” De manera que, los intentos de impulsar la religiosidad al margen de la ley están en contradicción con los mismos principios que le dieron origen al estado y en contra de la misma esencia del cristianismo que es una doctrina religiosa centrada en el libre albedrio y no en la imposición.
