Por Ramón Peralta
DACA fue el programa creado por la administración de Obama después que le fue imposible pasar leyes en pro de la regulación de la inmigración, que por años han estado dormidas en las salas del Congreso y que es un indicativo de que no hay la voluntad política por parte de los dos partidos del sistema de traer una solución y hacerle frente al problema. El presidente Obama echando a un lado las desganas del Congreso sobre pasar una ley inmigratoria, decidió crear el programa del DACA que consistió en darle oportunidad aquellos jóvenes, que habían sido traídos por sus padres cuando eran niños, para que pudieran ejercer ciertas actividades educativas y laborales sin el temor de ser considerados como ilegales y ser deportados.
Desde sus inicios el programa fue bautizado como “Los Soñadores”, ya que abría la posibilidad a miles de jóvenes de hacer realidad el “sueño” americano y salir libremente a la luz pública y construir sus vidas y las de sus familiares. En términos generales el DACA abrió las puertas a un sin número de beneficios casi iguales a los que poseen estatus legal. Por ejemplo, obtener licencia de manejar, reclamar seguro de salud, aplicar para ayuda educativa en las universidades, conseguir trabajos en condiciones mas favorables, adquirir una casa a través de compra, emprender una carrera universitaria, adquirir una tarjeta de Seguro Social y otros.
El costo originario para obtener el permiso para pertenecer al DACA era de $495 y hasta el 2020 se estima que la membresía del DACA llegaba a alrededor de 636,390 aunque investigadores dicen que están entre 690,000 a 800,000. Durante la permanencia de la administración de Obama no hubo problema en inscribirse en el programa y solo fue a la llegada de Trump a la presidencia cuando el DACA comenzó a ser atacado como un programa ilegítimo. Seguidores del partido republicano argumentaron que el presidente Obama no tenía la autoridad de crear dicho programa y por eso comenzaron a atacarlo a nivel de las cortes. Un juez en Texas llegó a determinar que el programa era ilegal, sin embargo, la Suprema Corte ratificó su existencia. Durante ese proceso el DACA sufrió una baja, ya que, la administración Trump logró detener que nuevos aplicantes ingresaran al programa, cortando así la esperanza de miles de jóvenes de cambiar sus vidas a pesar de que los actuales miembros contribuyen grandemente a la economía y el bienestar del país. De acuerdo con los datos actuales los miembros del DACA pagan en impuestos federales alrededor de $6 billones anuales y $3 billones en impuestos estatales y locales.
A pesar de esas contribuciones a la economía y el apoyo de un 86% de los votantes americanos en favor de que se les dé estatus legal a los beneficiarios del DACA, los congresistas se mantienen indiferentes dejando en el limbo el programa y por tanto, creando angustia en aquellos participantes y en otros tantos miles que están en la expectativas de ingresar en el programa. Miles de jóvenes están a la espera de que las puertas del programa se abran para nuevos aplicantes y así tener una mejor vida para ellos y sus familiares, y por qué no, para el país ya que, una vez esos jóvenes ingresen al DACA pasan a ser importantes contribuyentes a la economía del país. Pero la inactividad del Congreso y de la propia administración han llevado el programa a un estancamiento y al borde de la desaparición, ya que cualquier cambio político en favor de los republicanos, que se produzca en las próximas elecciones congresuales, puede llevar el programa a su muerte.
