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WASHINGTON (AP) — En contraste con la política del gobierno del expresidente Donald Trump, el Departamento de Estado reveló el martes el número de armas nucleares en su arsenal.

Señaló que esto ayudará a los esfuerzos globales por controlar la circulación de dichas armas.

El número de armas estadounidenses, tanto aquellas en estado activo como las almacenadas, era de 3.750 en septiembre de 2020, informó la dependencia federal. Esta cifra es inferior a las 3.805 registradas un año antes y a las 3.785 de 2018.

Apenas en 2003, Estados Unidos tenía un total de 10.000 armas nucleares. Alcanzó su mayor cantidad en 1967 con 31.255.

La última vez que el gobierno de Estados Unidos dio a conocer el número de armas en su arsenal fue en marzo de 2018, cuando el total era de 3.822 en septiembre de 2017. Eso fue a principios del gobierno de Trump, que posteriormente mantuvo en secreto las cifras actualizadas y rechazó una solicitud de la Federación de Científicos Estadounidenses (FAS) para desclasificar los totales.

“Volvamos a la transparencia”, comentó Hans Kristensen, director del Proyecto de Información Nuclear de la FAS. Aseguró que el gobierno del presidente Joe Biden hizo bien en revertir la política de su predecesor.

Además, Kristensen señaló que revelar el arsenal ayudará a los diplomáticos estadounidenses en las negociaciones sobre el control de armas y en la conferencia del Tratado de No Proliferación Nuclear del próximo año, en la que se revisará el compromiso de desarme asumido por las potencias nucleares que han firmado el tratado, incluido Estados Unidos.

El gobierno de Biden está llevando a cabo una revisión de la postura y la política en materia de armas nucleares que se espera esté terminada a principios del próximo año.

En la Conferencia de Desarme del pasado mes de febrero en Ginebra, el Secretario de Estado Antony Blinken dijo: “El Presidente Biden lo ha dejado claro: Estados Unidos tiene el imperativo de seguridad nacional y la responsabilidad moral de reducir y eliminar con el tiempo, la amenaza que suponen las armas de destrucción masiva.”

SAN DIEGO (AP) — Las admisiones de refugiados en Estados Unidos descendieron a su menor nivel histórico durante el año fiscal 2021, a pesar de la promesa del presidente Joe Biden de revertir los fuertes recortes efectuados por el gobierno de Donald Trump, según cifras obtenidas por The Associated Press.

Se permitió el ingreso a Estados Unidos de un total de 11,445 refugiados durante el año fiscal que concluyó el jueves, según una persona con acceso a la información y que habló a condición de guardar el anonimato porque carece de autorización para dar a conocer la cifra.

Ese número no incluye a las decenas de miles de afganos traídos a Estados Unidos cuando las tropas estadounidenses se retiraron de Afganistán tras 20 años de guerra. Se permitió que muchos de esos afganos ingresaran a territorio estadounidense bajo un estatus legal distinto, conocido como permiso condicional humanitario, razón por la cual que no están incluidos en el conteo total de refugiados.

Aun así, la cifra deja ver los desafíos que enfrenta Biden para revertir las restrictivas políticas de admisión de refugiados implementadas por el gobierno de Trump, que fueron aplicadas al programa dentro de una campaña más amplia para reducir la inmigración legal e ilegal a Estados Unidos.

El presidente determina el tope nacional a la admisión de refugiados en cada año fiscal, que va del 1 de octubre al 30 de septiembre. Biden no asumió la presidencia sino hasta casi cuatro meses después de que comenzó el año fiscal.

El Departamento de Estado no respondió de momento a una solicitud de comentarios sobre la cifra.

El total de 11,445 admisiones de refugiados está muy por debajo del tope de 62,500 para el año fiscal 2021 que Biden estableció en mayo. También está por debajo del mínimo histórico de 15,000 que Trump había establecido inicialmente para el año.

WASHINGTON (AP) — El Congreso de Estados Unidos está por tomar medidas para evitar una crisis y postergar otra. El Senado se dispone a aprobar una ley el jueves que financiaría al gobierno hasta principios de diciembre.

La cámara baja previsiblemente aprobará la iniciativa de ley después de la votación en el Senado para impedir un cierre parcial del gobierno al inicio del nuevo año fiscal, el viernes.

Por insistencia de los republicanos, los demócratas se vieron obligados a eliminar una suspensión del límite a la capacidad del gobierno federal para tomar préstamos. Si no se eleva el límite de endeudamiento antes del 18 de octubre, el país probablemente sufrirá una crisis financiera y una recesión económica, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Los republicanos dicen que los demócratas tienen votos suficientes para elevar el techo de endeudamiento por sí solos y su dirigente Mitch McConnell insiste en que lo hagan.

Pero la prioridad más inmediata del Congreso es mantener al gobierno en funcionamiento al finalizar el actual año fiscal, el jueves a medianoche. La aprobación prevista del proyecto les dará tiempo a los legisladores para elaborar los proyectos de gastos para financiar los organismos federales y los programas que administran.

Mientras tanto, los demócratas tienen dificultades para lograr la aprobación de las prioridades internas del presidente Joe Biden. Estas incluyen un proyecto bipartidista de infraestructura que contiene 550.000 millones de dólares de gastos en caminos, puentes, banda ancha y otros proyectos, así como una gama de programas sociales, sanitarios y ambientales por valor de 3,5 billones de dólares.

“Con tantos asuntos cruciales a resolver, lo último que necesita el pueblo estadounidense es un cierre del gobierno”, dijo el líder del bloque mayoritario en el Senado, el demócrata Chuck Schumer.

Schumer dijo que la ley provisional de gastos prevé ayuda a los que sufren las consecuencias del huracán Ida y otros desastres naturales, así como fondos para ayudar a los evacuados afganos luego de 20 años de guerra entre Estados Unidos y el Talibán.

WINDSOR, Canadá (AP) — El cruce fronterizo de mayor tránsito entre Canadá y Estados Unidos reabrió por completo el lunes por la tarde después de una investigación policial sobre posibles explosivos encontrados dentro de un vehículo.

La policía informó que detuvo a una persona con relación a la pesquisa que obstaculizó el tránsito durante casi siete horas en el Puente Ambassador, que conecta a Detroit con Windsor, Ontario.

Un alto funcionario del gobierno, que habló a condición de guardar el anonimato, dijo que la policía federal no estaba tratando el incidente como un acto de terrorismo ni de seguridad nacional. El Equipo Integrado de Aplicación de la Seguridad Nacional de la Real Policía Montada de Canadá se habría involucrado si se sospechara de un acto de terrorismo.

“Se cree que no hay más personas involucradas en este incidente”, escribió la policía de Windsor en Twitter. “Se cree que es un incidente aislado”.

La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá dijo que las operaciones normales se reanudaron poco después de las 5 p.m.

La policía de Windsor indicó que la agencia fronteriza los alertó el lunes por la mañana después de que se encontraron posibles explosivos en un vehículo en la zona de inspección secundaria del complejo del puente, del lado canadiense de la frontera. El tránsito con dirección a Canadá se detuvo aproximadamente a las 10 a.m. La policía comentó que en ningún momento se cerró por completo la circulación desde Canadá hacia Estados Unidos.

Según la policía, el conductor del vehículo quedó detenido y bajo custodia de los servicios fronterizos.

Las autoridades comentaron que no se hicieron amenazas directas a personas ni lugares con relación al hallazgo de los posibles explosivos.

Los vehículos que intentaban ingresar a Canadá fueron desviados al Túnel Windsor-Detroit y al Puente Blue Water que lleva a Sarnia, Ontario.

El Puente Ambassador, de propiedad privada, es crucial para el comercio entre ambas naciones.

WASHINGTON (AP) — En una entrevista con la AP, el nuevo jefe de la Policía del Capitolio reveló que a pesar de las medidas de seguridad implementadas tras el asalto del 6 de enero, las amenazas contra el recinto legislativo solamente han aumentado.

“No nos podemos dar el lujo de ser complacientes”, manifestó en la entrevista J. Thomas Manger, comandante de la guardia protectora del recinto legislativo estadounidense.

Añadió que las amenazas han ascendido a niveles sin precedente, miles más que hace apenas pocos años. Afirma que de enero a marzo se han recibido unas 4.100 amenazas contra el Congreso y que probablemente habrá más de 9.000 para todo el año.

“Nunca hemos tenido tantas amenazas contra los legisladores como las que tenemos hoy en día”, expresó Manger.

“Es evidente que, en cuanto a nuestra responsabilidad de proteger a los legisladores, tenemos más trabajo que antes”, añadió.

Manger enfatizó que la guardia legislativa ha mejorado su capacidad de recaudar inteligencia, luego de recibir fuertes críticas por no estar preparada ante el asalto de ultraderechistas y fanáticos del entonces presidente Donald Trump el pasado 6 de enero.

Pese a pistas de que supremacistas blancos y otros ultraderechistas estaban planeando manifestaciones violentas ese día, la guardia del Capitolio fue tomada por sorpresa y se vio rápidamente abrumada.

Los eventos de ese día han llevado a una reevaluación total de las medidas de seguridad en torno al palacio legislativo y en toda la capital norteamericana. De hecho hace dos semanas hubo una manifestación en apoyo a los derechistas detenidos durante la anterior insurrección, y las medidas de seguridad fueron extremas, y podrían ser permanentes, dadas las incitaciones de Trump y la creciente actividad de los grupos extremistas.

Manger declaró que la instalación de barreras y la convocación de unidades policiales de refuerzo fue una decisión prudente, aunque no necesariamente se tomarán esas mismas medidas para cada protesta.

“Eso dependerá de la información que obtengamos previamente”, indicó, “dependerá del potencial de violencia que tenga cada manifestación en particular”.

Manger asume el liderazgo de la policía del Capitolio tras una larga trayectoria como agente de la ley. Fue jefe policial del condado Montgomery en Maryland entre el 2004 y el 2019, y antes de eso tuvo el mismo cargo en el condado Fairfax de Virginia. Esas asignaciones, sumadas a su membresía en la Asociación Nacional de Jefes Policiales lo han convertido en una figura conocida en Washington.

Asumió el cargo en julio, meses después de la renuncia del jefe anterior en medio de críticas por la insurrección. La protesta del 18 de septiembre fue su primera prueba, Manger no iba a tomar riesgo alguno.

“Simplemente se trataba de una situación en la que no íbamos a permitir otro 6 de enero”, declaró Manger.

“Yo tenía que asegurarme de que los hombres y mujeres de la Policía del Capitolio sepan que teníamos los recursos necesarios, el entrenamiento necesario, el equipo necesario y el personal necesario para cumplir nuestra labor y para cumplirla con la protección debida”, añadió.

El día de la protesta, fueron muchos más los policías que los manifestantes, y hubo quienes criticaron a la guardia acusándola de reaccionar exageradamente. Pero Michael Chertoff, quien fue secretario de seguridad nacional bajo la presidencia de George W. Bush, sostiene que es inteligente aprender de los errores pasados y estar preparados para el futuro, y que no importa si hay demasiado policías en la calle, siempre y cuando nadie resulte lastimado.

“Cuando se anuncian protestas, ya sean de extremistas de derecha o de izquierda, lo más probable es que el futuro la Policía del Capitolio tomará abundantes medidas de seguridad, y bien visibles, quizás más de las necesarias, pero en todo caso suficientes para enviar el mensaje de que no volverá a ser abrumada, expresó.

Chertoff, hoy en día director de la empresa de seguridad Chertoff Group, aclaró que ese tipo de medidas no serán necesarias para todas las protestas, pero insistió en que las agencias del orden deben estar preparadas cuando se trata de simpatizantes de los alzados del 6 de enero, ya que muy probablemente se trata de personas afines a la idea de usar la fuerza contra el gobierno, y se trata de algo que de hecho pasó.

La Policía del Capitolio es un híbrido entre una agencia policial y una guardia privada. Tiene un presupuesto anual de 460 millones de dólares y emplea a unos 2.300 oficiales y civiles. Como comparación, la ciudad de Minneapolis tiene unos 800 oficiales y un presupuesto de unos 193 millones de dólares.

En total murieron nueve personas a consecuencia de los hechos del 6 de enero: entre los que fallecieron ese día y otros en los días siguientes. Entre ellos está una mujer, parte de la turba alzada, que fue abatida por policías y otros tres alzados que sufrieron emergencias médicas. Dos oficiales de la policía se suicidaron en los días subsiguientes, y un tercero cayó inconsciente y murió en medio de la trifulca.

La Policía de Metropolitana de Washington informó días atrás que otros dos oficiales que respondieron al alzamiento también se suicidaron.

Un mordaz reporte interno hace pocos días determinó que la Policía del Capitolio adolecía de severas faltas de equipos, armas, personal y datos de inteligencia al momento de la insurrección. El texto dejaba serias dudas sobre si la guardia capitalina iba a poder enfrentar amenazas semejantes en el futuro.

Otra investigación posterior halló que la Policía del Capitolio tenía la capacidad de “rastrear, evaluar, actuar en contra o responder” a cualquier amenaza contra el edificio.

Ese reporte recomendó varias reformas, entre ellas la contratación de cientos de efectivos adicionales y la creación de una “unidad de respuesta rápida” para emergencias.

Sin embargo, tales reformas requerirán un enorme financiamiento. El Congreso ha aprobado 71 millones de dólares adicionales, pero gran parte de ese monto irá para pagar horas extra.

Aun así, Manger aseveró: Creo que lo que tenemos hoy en día es una mejora con respecto a lo que teníamos hace un año o hace nueve meses”.

Los hechos del 6 de enero, que Trump y los republicanos han tratado de minimizar, provocaron un aumento en las solicitudes para incorporarse a esa fuerza policial, algo que Manger comparó con la gran cantidad de candidatos para bomberos y policías después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001.

Manger además defendió la decisión de retener a Yogananda Pittman, la oficial de la Policía del Capitolio encargada de las operaciones de inteligencia previo a la insurrección de enero. Pittman, quien ascendió a jefa interina pese a una votación de falta de confianza e interrogantes sobre fallas de liderazgo y de inteligencia, de nuevo está a cargo de los asuntos de inteligencia.

Manger señaló la decisión de Pittman, cuando era jefa interina, de adoptar las recomendaciones de la inspectoría general y mejorar las capacidades de inteligencia de agencia para no depender tanto de otras fuerzas policiales. Varios oficiales de la agencia capitalina renunciaron tras los hechos del 6 de enero.

“Esta noción de que yo debería venir y despedir a todo el mundo porque fracasaron el 6 de enero ... Primero que nada, este departamento ya estaba en suficiente caos sin que yo despidiera a todo el mundo, y segundo, ¿qué iba a hacer yo sin tener a mi lado a gente con experiencia que me pueda asesorar de cara al futuro?”

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