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Las líneas de cruceros podrán realizar pronto viajes de prueba en aguas de Estados Unidos con pasajeros voluntarios, lo cual ayudará a determinar si las embarcaciones pueden navegar de manera segura durante una pandemia.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés) entregaron el miércoles a los operadores de cruceros los lineamientos técnicos finales para los viajes de prueba. La medida representa un paso rumbo a la reanudación de los cruceros en aguas estadounidenses, posiblemente para julio, y por primera vez desde marzo de 2020.

Una portavoz del grupo comercial del sector de los cruceros dijo que el organismo estaba revisando las directrices de los CDC.

Cada viaje de prueba — los cuales durarán entre dos y siete días — deberá llevar pasajeros suficientes que representen al menos el 10% de su capacidad. Los voluntarios deben ser mayores de 18 años y estar completamente vacunados o libres de cualquier padecimiento que los ponga en alto riesgo de contraer COVID-19 severo.

El operador de cruceros debe informar a los pasajeros que están simulando medidas de seguridad no probadas “y que navegar durante una pandemia es una actividad riesgosa por naturaleza”, según las directrices de los CDC.

Los pasajeros deben ser examinados en busca de síntomas de COVID-19 antes y después del viaje, y se les deben realizar pruebas diagnósticas a por lo menos el 75% de ellos al concluir el crucero.

Entre las restricciones a bordo se incluirá el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Los CDC permitirán excursiones guiadas a la costa — sin que los pasajeros deambulen por su cuenta — si es que los operadores cumplen con ciertos estándares.

Los barcos deben realizar al menos un viaje de práctica antes de reanudar los cruceros regulares en aguas de Estados Unidos, aunque los operadores podrán evitar dicho requerimiento si demuestran que el 98% de la tripulación y el 95% de los pasajeros están vacunados.

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris viajará a Guatemala el 7 de junio y al día siguiente partirá a México, gira en la que analizará el tema migratorio con los presidentes de ambos países para atender las raíces del problema.

La presidencia guatemalteca confirmó la visita al país centroamericano. El viaje a México lo dio a conocer Harris en la Conferencia Virtual de Washington sobre las Américas.

La visita de Harris a Guatemala es en seguimiento a reuniones virtuales que ha sostenido con el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei y miembros de la sociedad para tratar el tema de los migrantes.

Harris ha dicho que está interesada en atender las raíces de la migración y cómo esta se ve afectada por la corrupción y la falta de buen gobierno, y que también se enfocará en temas como la violencia e inseguridad en estos países, la violencia contra los afrodescendientes, los pueblos indígenas, las personas LGBTQ, los jóvenes y las mujeres.

Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que el viernes se reunirá en forma virtual con Harris en un primer acercamiento previo a su visita del 8 de junio.

Sobre esa reunión virtual, López Obrador dijo el miércoles que “el tema es la migración y las propuestas para enfrentar el fenómeno migratorio, como lo hemos propuesto desde hace mucho tiempo, el que se atiendan las causas, el que se apoye a nuestros hermanos vecinos de los países centroamericanos”.

López Obrador dijo que en su reunión del lunes y martes sostenida en México con Giammattei, éste expresó su apoyo a que Estados Unidos invirtiera en Centroamérica. “Que se ayude a los países centroamericanos que quedaron muy mal, devastados por inundaciones; hay mucha necesidad, mucha pobreza”, dijo.

Por su parte, el mandatario mexicano consideró que es necesario “ordenar el flujo migratorio y hay que atender las causas, esto significa que haya trabajo, que haya esperanzas en los pueblos del sureste de México y en Centroamérica, que la gente tenga posibilidades de trabajar y de ser felices donde están sus familiares, sus culturas, y esto se logra si hay programas de apoyos para el bienestar”, dijo López Obrador.

Organizaciones sociales en Centroamérica creen que la corrupción, la desigualdad, la falta de acceso a servicios básicos como la salud, la educación y las oportunidades de empleo son algunas de las principales causas de que miles de personas emigren a Estados Unidos cada año.

Las organizaciones han pedido que Washington coopere con acciones contundentes contra la corrupción en sus países y que comprometa a los gobiernos de la región del norte de Centroamérica a que combatan ese flagelo.

La ola de menores no acompañados que cruzan la frontera desde México hizo que el gobierno de Estados Unidos encargase la construcción y administración de albergues para menores a empresas privadas que según algunos no están preparadas para alojar a niños.

Algunas de estas empresas han respondido a desastres naturales y más recientemente instalaron centros para cuarentenas con motivo de la pandemia del coronavirus. Otras trabajaron con funcionarios de la frontera en los últimos años, instalando carpas para migrantes.

Los nuevos albergues son necesarios porque el gobierno tiene más de 22.000 menores bajo su custodia y no cuenta con suficiente personal para disponer su entrega a familiares.

En su apuro por contar con nuevas instalaciones, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DSSH) entregó los contratos más grandes —por 2.000 millones de dólares— a dos firmas y una organización sin fines de lucro, sin hacer licitaciones, y decidió eximir a las empresas de requisitos que deben satisfacer las instalaciones para menores, de acuerdo con archivos del DSSH y de gastos federales.

Dos de las instalaciones más grandes habían estado cerradas por semanas. El DSSH no explicó por qué fueron cerradas repentinamente, aunque dijo en un comunicado que eran para uso temporal y que los menores alojados allí habían sido enviados a otros sitios temporales o entregados a familiares.

Los menores dijeron a abogados que los visitaron en algunos sitios que no habían hablado con las personas que manejan sus casos, quienes deben facilitar su entrega a familiares. El DSSH ha negado a la prensa acceso a los albergues, aduciendo el peligro de contagios del coronavirus y asuntos relacionados con la protección de la privacidad.

“Cuando gastas cientos de millones de dólares, el gobierno debe asegurarse de que se ofrecen los servicios y de que se satisfacen las necesidades de los menores”, afirmó Scott H. Amey, consejero general del Project on Government Oversight (Proyecto sobre Supervisión Gubernamental), un organismo privado.

El DSSH dijo en un comunicado que los centros para migrantes menores de edad “satisfacen todos los requisitos/stándards de respuestas de emergencia u otras situaciones humanas”. Señaló que, además de la construcción de nuevos albergues, se estaban tomando “fuertes medidas” para acelerar la liberación de menores, incluido su envío por avión a los sitios donde tienen familiares.

Sarah DeYoung, profesora de la Universidad de Delaware que estudia la evacuación de los albergues, dijo que estos centros tienen un aspecto institucional que no es el ideal para los menores.

“El que hayan sido seleccionados en el pasado no quiere decir que hagan bien las cosas en lo que respecta al bienestar de los chicos”, manifestó DeYoung. “Es importante que sean evaluados por gente de afuera, incluidos expertos en salud pública y gente con experiencia pediátrica”.

Desde febrero, el gobierno firmó contratos por 3.000 millones de dólares para el alojamiento de menores no acompañados. Más de 2.000 millones corresponden a contratos firmados con tres empresas, sin licitación previa: Deployed Resources LLC, de Rome, Nueva York; Family Endeavors Inc., de San Antonio, y Rapid Deployment Inc., de Mobile, Alabama.

Deployed Resources se hará cargo de un albergue de emergencia para menores con 1.500 camas en Donna, Texas, y cobrará 719 millones de dólares. La empresa instaló carpas para migrantes que debían esperar en México el procesamiento de sus solicitudes de asilo por parte del servicio de inmigración bajo el gobierno de Donald Trump. También construyó centro de detención con carpas en la frontera y alojamientos temporales para personas desplazadas por huracanes, así como campamentos para las fuerzas armadas.

La organización sin fines de lucro Family Endeavors Inc., que ofrece ayuda para emergencias, podría recibir hasta 580 millones de dólares por el manejo de instalaciones de emergencia en Pecos, Texas. En el pasado cobró 87 millones de dólares del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para ofrecer habitaciones de hotel y otros servicios a familias de migrantes que no pueden ser expulsadas por estar cobijadas por normas de salud pública.

Los potenciales ingresos por este último contrato son 13 veces los ingresos totales de la empresa en el 2018, según la última declaración de impuestos disponible.

El CEO de Endeavors Jon Allman dice que su organización tiene décadas de experiencia en el manejo de “poblaciones marginadas” y que sirve a comunidades migrantes desde el 2012. Afirma que puede disponer de hasta 3.000 empleados de ser necesarios.

“Endeavors se enorgullece de colaboraron el gobierno federal en esta gran crisis humanitaria”, afirmó Allman en un email. “Muchas organizaciones sin fines de lucro fueron contactadas y se negaron”.

Rapid Deployment Inc., por su parte, recibió dos grandes contratos por 614 millones de dólares en total para manejar una instalación en Fort Bliss, Texas, que ha surgido como la más grande de ese tipo y que podría expandirse hasta contar con 10.000 camas, según documentos oficiales.

El gobierno fue criticado por su manejo de grandes contratos relacionados con el alojamiento de migrantes durante el gobierno de Trump. La propia Oficina del Inspector General del DHHS dijo que esa dependencia manejó mal un contrato con una firma para manejar una gran instalación para menores en Homestead, Florida, en el 2019.

El DHHS pagó 67 millones de dólares a Comprehensive Health Services por los tres meses que manejó su instalación, donde no había menores, según el informe, el cual destacó que el gobierno podía haber rebajado los costos de haber hecho una licitación.

“Sabemos que el gobierno enfrenta la llegada de grandes cantidades de refugiados, personas que buscan asilo y migrantes económicos”, comentó Steve Rosenbaum, abogado del Centro Legal de La Raza, que representa a niños inmigrantes en un viejo caso las condiciones de custodia de los migrantes menores de edad. “Trata de buena fe de hacer lo indicado, pero esa es una tarea casi imposible”.

CHICAGO (AP) — La principal fiscal de Chicago se disculpó el miércoles porque un abogado que trabaja en su oficina insinuó en la corte que Adam Toledo, de 13 años, portaba un arma de fuego cuando un policía lo baleó de muerte, y reconoció que ni ella ni nadie en su oficina intentó aclarar el asunto hasta justo antes de difundirse el video que mostró que no era el caso.

La fiscalía estatal del condado Cook fue criticada después de la difusión del 15 de abril de un video grabado con una cámara corporal policíal que muestra que a Toledo se le cayó el arma, o la aventó, menos de un segundo antes de que el agente Eric Stillman le disparara el 29 de marzo. Días antes, un fiscal de esa oficina insinuó durante una audiencia de Ruben Roman, el hombre de 21 años que acompañaba a Toledo esa mañana, que Toledo traía un arma de fuego cuando Stillman le disparó.

“La tragedia de la muerte del menor de 13 años ha sido ensombrecida por la confusión y frustración que mi oficina ha causado, y por esto pido una disculpa”, dijo la fiscal estatal del condado Cook, Kim Foxx, en un comunicado.

Durante la audiencia de Roman el 10 de abril y en un documento presentado a la corte sobre los cargos en su contra — posesión de arma de fuego, disparo imprudente y poner en riesgo a un menor— el asistente de la fiscal estatal, James Murphy, no especificó que Toledo sostenía un arma de fuego cuando le dispararon, pero claramente lo insinuó.

Toledo “tiene un arma de fuego en su mano derecha”, Murphy le dijo al juez. “El agente disparó un tiro… impactándolo en el pecho. El arma de fuego que la víctima sostenía cayó contra la reja a unos cuantos pies de distancia”.

Después de la difusión del video que muestra que Toledo no portaba un arma al momento de ser baleado, Murphy fue puesto en baja administrativa y la oficina de Foxx inició un a revisión interna sobre el suceso. En su comunicado de prensa, Foxx dijo que Murphy había sido reincorporado y que se había determinado que “su intención no era dar la impresión de que Toledo sostenía un arma de fuego cuando fue baleado”.

Agregó que la revisión encontró que el problema se debió a una “falta en la comunicación” en los altos mandos de su oficina. Aunque el comunicado de Foxx no profundizó en esos detalles, los fiscales de su oficina recibieron un correo electrónico poco antes de publicar los hallazgos de la revisión informando que su segunda al mando, Jennifer Coleman, había renunciado, reportó el periódico Chicago Tribune.

YAZOO CITY, Mississippi, EEUU (AP) — Gran parte del sur de Estados Unidos enfrentaba el martes los embates de tormentas que han matado al menos a tres personas desde el domingo por la noche y causado cuantiosos daños desde Mississippi hasta Virginia Occidental.

Partes de Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama y Tennessee, además de rincones en Arkansas y Georgia, estaban en riesgo elevado de tormentas intensas, de acuerdo con el Centro de Predicción de Tormentas. Esa zona es el hogar de más de 11 millones de personas e incluye las ciudades de Nashville, Tennessee; Birmingham, Alabama; Baton Rouge, Luisiana; y Jackson, Mississippi.

“Vemos las tres amenazas, de granizo, viento y tornados el martes”, dijo Mike Edmonston, meteorólogo del servicio nacional en Mississippi.

Una mujer murió en Tennessee cuando un árbol cayó sobre su casa derribado por los vientos el martes, le dijo el director de emergencias del condado Weakey, Ray Wiggington, a WKRN-TV. Dijo que al menos seis casas móviles fueron dañadas por el árbol a las 4 a.m.

Granizadas y fuertes vientos azotaron el norte de Texas, donde antes de la noche del lunes lo que parece haber sido un tornado volteó tres camiones remolques en la carretera interestatal 35 en medio de un fuerte aguacero, dijeron las autoridades.

Tres personas fueron llevadas a hospitales, pero sus condiciones no se conocían de inmediato, reportó la televisora WFAA, de Dallas.

Los tornados el martes pudieran tener ráfagas de hasta 113 kilómetros por hora (70 mph) y granizo del tamaño de una pelota de golf, dijeron los meteorólogos, que apuntaron que son probables tornados hasta la noche en partes de Mississippi. Un par de alertas de tornado fueron emitidas el martes por la mañana en áreas rurales al este de Nashville, Tennessee.

Una alerta de tornado en Atlanta forzó a miles de personas a buscar albergue el lunes y un hombre murió cuando un árbol derribado tumbó cables del tendido eléctrico sobre su vehículo en Douglasville, Georgia, al oeste de Atlanta, dijo Rick Martin, vocero del condado Douglas. También en Georgia, Carla Harris, de 55 años, murió cuando un árbol fue derribado sobre su casa en Bonaire, dijero funcionarios de emergencia del condado Houston.

Más de 100.000 personas estaban sin electricidad el martes por la mañana en estados desde Texas hasta Kentucky, de acuerdo con poweroutage.us.

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Andrés Abreu entrevista al abogado Jairo Hernández de la firma Oasis Legal Group. Hernández es especializado en asuntos de inmigración y estará ofreciendo sus servicios en Grand Rapids. Su oficina está localizada en la 250 Monroe Ave NW en la suite 400, oficina 440 y estará abierta publico a partir del 1 de octubre.

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