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PIJIJIAPAN, México (AP) — La fiscalía federal comenzó a investigar el incidente ocurrido el domingo en el sur de México, en el que elementos de la Guardia Nacional dispararon contra una camioneta que evadió a un control con 14 migrantes a bordo. Un migrante murió y otros cuatro resultaron heridos.

La Fiscalía del estado de Chiapas, la primera en presentarse al lugar de los hechos, informó el martes en un comunicado que trasladaba la investigación a la Fiscalía General de la República, considerando que los elementos de la Guardia Nacional “son señalados como sujetos activos” del delito de homicidio calificado y por tanto la competencia del caso es federal.

Dos personas de áreas distintas y al tanto de la investigación, que habían pedido el anonimato por no estar autorizadas a hacer declaraciones, habían confirmado a AP el martes que un segundo migrante había fallecido. Sin embargo, ambas se retractaron horas después diciendo que esa persona seguía con vida, aunque en estado crítico.

La Guardia Nacional reconoció que la madruga del domingo elementos de su cuerpo dispararon a una camioneta con 14 migrantes a bordo por evadir un control. Según el comunicado divulgado el lunes, abrieron fuego cuando el vehículo había intentando embestirles y vieron en riesgo su integridad.

En la camioneta viajaban nacionales de Cuba y de Ghana, entre ellos, dos menores. El fallecido y las personas heridas eran todos cubanos, confirmó una autoridad federal el lunes.

El conductor fue puesto a disposición de la fiscalía, los heridos trasladados al hospital y los supervivientes quedaron bajo custodia de las autoridades como presuntas víctimas de un delito de tráfico de personas. El cadáver del fallecido, un hombre cubano, fue localizado en la parte de atrás de la pick-up con lesiones de arma de fuego.

Según los datos de la fiscalía estatal, en la camioneta también había un arma larga y un cargador. La Guardia Nacional no hizo mención alguna a ese detalle en la explicación ofrecida el domingo. Tampoco mencionó haber visto a nadie armado en la camioneta ni haber recibido disparos. Sí afirmó que su personal, armamento y equipo estaba a total disposición de los investigadores.

Los migrantes supervivientes, en sus declaraciones, indicaron que nadie del vehículo en el que viajaban estaba armado, dijo una de las personas conocedoras de la investigación. Sin embargo, fotos que están en la carpeta de las pesquisas muestran al migrante muerto, boca abajo con el arma larga bajo su cuerpo. Según un funcionario estatal que también pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones de una investigación en curso, el arma es de uso militar.

El incidente ocurrió en un área de ranchos ganaderos, bastante despoblada y muy cerca de la zona por la que estos días transita una caravana de migrantes, aunque los implicados en el letal evento no pertenecían al grupo de pocos miles que salió el 23 de octubre de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, y avanza poco a poco caminando hacia Ciudad de México.

Según la explicación de la Guardia Nacional del lunes, tres vehículos evadieron un control de seguridad en la zona y los agentes salieron en su busca. En un camino de tierra, la Guardia se encontró de frente con una de las camionetas, que no atendió la orden de detenerse e “intentó embestir a los elementos”. Los agentes, al ver “en riesgo inminente su integridad, accionaron sus armas para detener el vehículo”, que se detuvo a 50 metros. Aunque tanto el chofer como los pasajeros intentaron escapar, no lo consiguieron.

Campesinos de la zona, dijeron a AP que en la madrugada del domingo escucharon el rechinar de los carros que huían de las autoridades, así como las sirenas de patrullas. Después comenzaron las detonaciones en forma de ráfagas. Todos pidieron no mencionar su nombre por miedo, ya que esa zona, es usada habitualmente por los traficantes de migrantes para evadir un control de las fuerzas de seguridad que hay cercano.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos —la entidad oficial que vigila la actuación de los funcionarios públicos— también ha abierto una investigación sobre lo ocurrido.

PUEBLA, México (AP) — Tres explosiones consecutivas ocurridas por una fuga de gas en una toma clandestina de un gasoducto dejaron la madrugada del domingo a por lo menos un muerto, 11 personas heridas, cuatro de ellas menores, y medio centenar de casas derrumbadas o fuertemente dañadas en un barrio al norte de la ciudad de Puebla, en el centro de México.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, acompañado de autoridades civiles, militares y de Petróleos Mexicanos, explicaron en conferencia de prensa que se evitó una tragedia mayor gracias a una llamada de emergencia previa a las explosiones, alertando de una nube blanca y olor a gas, lo que permitió la evacuación de 2.000 personas en un radio de un kilómetro.

La fuga fue tan grande que en algunas partes las casas quedaron convertidas en escombros, y más de doce horas después todavía había llamas en el lugar de la toma clandestina, las cuales cesaron una vez que comenzó una fuerte lluvia.

No obstante, los vecinos se encontraban un poco más tranquilos después de las horas de miedo de la noche anterior.

“Cuando oí el escándalo, el griterío de la gente, ahí fue donde nos dimos cuenta de que ya venía el humo del gas (...) y ya no nos dio tiempo de sacar documentación ni animales ni nada”, dijo un vecino que no quiso dar su nombre pero habló ante las cámaras de AP poco después de que le informaran que su casa quedó completamente destruida.

De los once hospitalizados, algunos con quemaduras hasta en el 75% del cuerpo, tres se encontraban intubados y otros dos en estado grave. Las autoridades no especificaron la situación de los menores, de entre 3 y 16 años.

Las labores de rescate comenzaron desde la mañana con binomios caninos por si pudiera haber personas entre los escombros, aunque Barbosa indicó que no hay reportes de desaparecidos. El funcionario agregó que, según un balance preliminar, hay 54 casas derrumbadas o con daños muy graves.

El domingo por la mañana ya había en San Pablo Xochimehuacán un total de 1.400 efectivos entre militares, Guardia Nacional, policías y bomberos municipales y estatales e incluso efectivos de emergencia llegados del vecino estado de de Tlaxcala.

El general Alfredo González dijo que, además, otros 870 militares estaban en camino desde el Valle de México con todo tipo de herramientas, maquinaria y excavadoras y cuatro binomios caninos.

La explosión tuvo lugar en San Pablo Xochimehuacán, un barrio al norte de la ciudad de Puebla, poco antes de las tres de la madrugada.

El primer reporte de la nube de gas se recibió a la 1:34 y casi de forma inmediata las autoridades comenzaron la evacuación, primero en un radio de 300 metros hasta llegar al kilómetro. La primera de las tres explosiones fue casi 80 minutos después.

“Si no hubiera habido desalojo y no hubiera habido coordinación, hubiera habido una tragedia de grandes proporciones, terrible”, aseguró Barbosa.

Incluso se tuvo que evacuar de forma preventiva durante algunas horas a 37 pacientes de un hospital de traumatología cercano, el cual reanudó operaciones normales poco después.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraban grandes llamaradas y se escuchan las explosiones, que sembraron el pánico en la zona. Pero Javier González, de Petróleos Mexicanos, insistió la mañana del domingo en que el riesgo estaba “completamente controlado”.

Protección Civil de la ciudad tuiteó poco antes de las 7 de la tarde que, en trabajo coordinado con otros cuerpos, efectivos de Pemex “han cerrado la válvula y controlado la fuga”.

Desde por la mañana, las autoridades pidieron a los habitantes no acercarse al área.

“No pueden regresar por el momento”, dijo Eduardo Rivera, alcalde de Puebla. “Los riesgos de derrumbes, cables, pueden ser motivo de accidente grave”.

Según los datos preliminares, el origen de la fuga fue en un predio particular desde donde se estaba robando gas. Frente a ese lugar hay una empresa de gas.

En el predio de la toma clandestina había un camión cisterna y 25 cilindros de gas de 20 kilos cada uno, que los delincuentes estaban probablemente cargando, explicó González. La nube de gas se expandió a ras de suelo y al encontrar puntos calientes surgieron las explosiones.

Esa podría ser la explicación de que el lugar de la fuga estuviera como a medio kilómetro de la zona con más viviendas destruidas, según el mapa divulgado por protección civil de la ciudad.

En México ha proliferado el robo de hidrocarburos, sobre todo de petróleo, y Puebla es uno de los estados más afectados, pues se encuentra entre la capital y la zona petrolera del Golfo de México.

Los criminales perforan los ductos pese a los riesgos que eso provoca. Uno de los sucesos más graves fue en enero de 2019 en Tlahuelilpan, al norte de Ciudad de México, donde murieron más de 130 personas, muchas de las cuales fueron afectadas porque tras detectarse la fuga de combustible acudieron a llenar garrafas de gasolina y quedaron atrapadas en el incendio.

El gobernador de Puebla se comprometió a indemnizar a las víctimas, reconstruir las casas e investigar a profundidad lo ocurrido. Según dijo, los primeros implicados están a la vista: los dueños del lugar donde estaba la toma y del camión cisterna, así como sus socios. También dijo que se investigaría a la empresa de gas situada enfrente.

“Este hecho no va a quedar impune, vamos a ir a fondo”, aseguró

Recordó que es muy grave que haya dos ductos que pasan por Puebla porque, aunque se construyeron fuera de la zona urbana, la ciudad fue creciendo y se fueron levantando casas sobre ellos. De hecho, una de las zonas siniestradas está junto a una calle llamada Gasoducto.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció sus condolencias vía Twitter, hizo de la lucha contra el millonario negocio del robo de combustible uno de sus grandes compromisos y desplegó a miles de militares para custodiar los ductos. En Puebla había patrullajes constantes desde hace seis meses, dijo el domingo el general González.

Pero aunque las tomas clandestinas se han reducido en este gobierno, el problema no está solucionado.

Según un informe oficial de marzo, México perdía en promedio 4.000 barriles diarios de gasolina y diésel debido a las tomas ilegales, pero el presidente dijo que los robos, apoyados por los habitantes de poblaciones enteras, eran ya muy pocos.

HUIXTLA, México (AP) — Tras caminar tres días por el sur de México y descansar en Huixtla, una localidad del estado de Chiapas, una caravana de migrantes retomó el miércoles su rumbo hacia la Ciudad de México con ánimo renovado y más integrantes.

La caravana había partido el sábado de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, con unas 2.000 personas. Aunque es difícil medir la cantidad de migrantes, activistas que los acompañan aseguran que ahora son unos 4.000.

“La caravana es como un imán, va chupando gente, se van uniendo migrantes que se han quedado en los municipios (de la costa de Chiapas)”, dijo Irineo Mújica, de la organización Pueblos Sin Fronteras.

Uno de ellos fue Bayron Zavala, un nicaragüense que se enteró de que el grupo se movía lentamente, tomó una bicicleta y decidió alcanzar la caravana en Huixtla para caminar con ella “hasta donde Dios nos dé la fuerza”, dijo. “Si se puede, continuar a Estados Unidos”, agregó.

Los migrantes cruzaron sin contratiempos un punto de inspección aduanero, militar y de migración donde cotidianamente las autoridades decomisan drogas, armas y detienen a traficantes de personas y extranjeros que entraron irregularmente a México.

Aunque de mucho menor tamaño que las caravanas de 2018 y 2019, éste es el mayor grupo movilizado por el sur de México desde la pandemia. En enero, una caravana partió de Honduras pero las autoridades guatemaltecas la disolvieron antes de llegar a México.

Los grupos que salieron este año de Tapachula estuvieron integrados por menos de un millar de personas y todos fueron disueltos, en ocasiones con un uso excesivo de la fuerza por elementos de la Guardia Nacional y los agentes de migración.

En un primer momento se trató mayoritariamente de migrantes haitianos, pero ahora la mayoría son centroamericanos.

Esta semana la Guardia Nacional se ha dedicado a vigilar el avance de la caravana sin hacer un intento de contención como sí lo hizo el sábado cuando establecieron un cerco a la salida de Tapachula que se saldó con al menos un niño herido.

El canciller Marcelo Ebrard aseguró el lunes que iban a actuar “con prudencia” en apego a la ley y los derechos humanos.

México tiene desplegados en el sur a decenas de miles de efectivos militares, policiales y agentes migratorios y desde hace años ningún grupo grande ha logrado salir caminando de los estados fronterizos con Guatemala.

Este miércoles los migrantes pretenden recorrer 21 kilómetros para hacer su cuarta escala en el municipio de Villa Comaltitlán, todavía en Chiapas.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Once trabajadores de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) que trabajaban en una planta metalúrgica al norte del país, en el estado fronterizo de Coahuila, resultaron heridos el miércoles con quemaduras y daños auditivos debido a una explosión, informó la empresa en un comunicado.

Según AHMSA, el accidente tuvo lugar durante las labores de reparación del cableado de un motor. En ese momento hubo una fuga de aceite en una tubería que entró en ignición con la llama de un soplete de corte lo que produjo un gran flamazo y estruendo.

Cuatro de los heridos fueron dados de alta y otros siete con quemaduras permanecían hospitalizados el miércoles por la tarde “en observación, estables y sin riesgos mayores”.

El primer suceso, que dañó el cableado eléctrico, tuvo lugar la medianoche del martes cuando hubo un “amago de incendio” en un motor que fue “inmediatamente controlado por los trabajadores y el personal de emergencia”.

El área fue desalojada y el miércoles por la mañana cuando se procedía a la reparación de los daños es cuando ocurrió la fuga de aceite, según la compañía.

AHMSA es la principal empresa acerera de México. Su dueño, Alonso Ancira, fue acusado de delitos de corrupción y blanqueo de dinero este año y estaba encarcelado pero quedó en libertad en abril después de acordar un pago de 216 millones de dólares a Petróleos Mexicanos como compensación de una venta con sobreprecio de una planta de fertilizantes ocurrida en 2013.

HUIXTLA, México (AP) — Después de caminar durante tres días por una carretera bajo el sol abrasador en el sur de México, un par de miles de migrantes decidieron descansar el martes y aprovecharon para recibir atención médica en las ampollas de los pies, lavar su ropa en el río y dormitar bajo cualquier sombra que pudieran encontrar en el municipio de Huixtla, en el estado de Chiapas.

Nitza Maldonado y Omar Rodríguez se acostaron sobre la acera junto a una iglesia con su hijo de 6 años. La familia, originaria de Honduras, le había pagado a un traficante 12.000 dólares el año pasado para llegar a Estados Unidos, pero fueron detenidos en Texas y posteriormente deportados.

Debido a la pandemia de coronavirus, perdieron sus trabajos en su país natal —ella como asistente en un bufete de abogados y él como empleado de una lavandería. En Honduras, se enfrentaban al desempleo y a las deudas como resultado de su fallido intento por emigrar, así que decidieron partir nuevamente, pero esta vez por su cuenta.

Durmiendo en el suelo y a veces comiendo una sola vez al día, decidieron que ante la posibilidad de ser maltratados o deportados por las autoridades mexicanas, lo mejor era unirse a un gran contingente en su avance hacia el norte de México.

“Hay que migrar porque en nuestro país hay mucho desempleo, no hay educación”, dijo Maldonado. “Por eso nos toca esto que estamos pasando”.

Han pasado años desde que las autoridades mexicanas no permitían que un grupo tan numeroso de migrantes saliera a pie del estado de Chiapas, limítrofe con Guatemala. Intentos recientes de menor tamaños fueron disueltos, en ocasiones con un uso excesivo de la fuerza, por elementos de la Guardia Nacional y de los agentes de inmigración.

El martes, aún no había indicios de que las autoridades mexicanas intentarían detener al grupo. La caravana, que incluye a cientos de niños, ha avanzado lentamente, recorriendo apenas 41 kilómetros (25 millas) en tres días.

Los migrantes aprovecharon la pausa para cargar sus teléfonos, secarse de la lluvia del lunes y refrescarse en el río.

Dayana Flores, de 17 años, y su esposo Kevin Ortiz, de 20, salieron de Honduras hace cuatro meses cuando su bebé apenas tenía 20 días de nacido. Desde entonces, han estado en la ciudad de Tapachula, en el sur de México, acudiendo regularmente a la oficina de asilo y formándose antes del amanecer para tratar de obtener estatus legal, pero nada parecía avanzar.

“Mejor correr el riesgo, quizás pueda pasar uno (hacia el norte), que estar allá encerrados, sin trabajo, sin donde trabajar, sin comida, sin nada”, comentó Flores.

Otros expresaron una frustración similar con la lentitud de la oficina de asilo de México.

Rosibel Maldonado dijo que esperó los 45 días hábiles que la agencia le comentó que tardaría en procesar su solicitud de asilo, pero no recibió noticias, así que se fue.

No todos los migrantes buscan llegar a Estados Unidos. Las solicitudes de asilo en México se han disparado en los últimos años. Hasta septiembre, México había recibido 90.000 solicitudes, y más de dos terceras partes de ellas se realizaron en la oficina de Tapachula.

Aunque el gobierno ha tratado de contener a los migrantes al sur de México, lejos de la frontera con Estados Unidos, muchos migrantes buscan llegar a las ciudades del norte, donde hay muchas más oportunidades de empleo que en el sur del país.

Carlos Fuentes viajaba con su esposa y seis hijos. Quieren llegar a la ciudad norteña de Monterrey.

Fuentes estuvo seis años en Estados Unidos antes de ser deportado hace una década. Dijo que los miembros de una pandilla intentaron reclutar a sus hijos —a los niños para que vendieran drogas y a las niñas para que fueran sus novias— así que tuvieron que marcharse.

“Nos quedamos sin dinero y por eso decidimos venir en la caravana, y pues gracias a Dios no nos han detenido”, comentó.

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