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CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La organización Disability Rights International (DRI), que se dedica a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, denunció el miércoles que en Guatemala menores de edad que sobrevivieron al incendio de un hogar de acogida estatal ocurrido en 2017 y que mató a 41 niñas, aún siguen en riesgo debido a la falta de protección del Estado y que de los 600 menores recluidos en el lugar el día de la tragedia, 61 han muerto en diferentes circunstancias, incluso por violencia.

El informe “Todavía en riesgo: Muerte y desaparición de sobrevivientes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, dice que de los 600 menores detenidos cuando fue el siniestro se han activado alertas Amber (Alba-Keneth en Guatemala) para la búsqueda de 94 niñas y niños que desaparecieron o continúan desaparecidos y que aún hay 160 menores que permanecen dentro de la institución, la mayoría de ellos con discapacidad.

La organización dijo que un informe oficial del gobierno al que tuvieron acceso detalló que dan seguimiento a 40 mujeres, a las que se refiere como ‘sobrevivientes del incendio’, pero que no ha podido localizar a por lo menos 11 de éstas.

“El gobierno no ha tomado las medidas necesarias para proteger a las y los sobrevivientes, y mucho menos brindarles el apoyo y las reparaciones a las que tienen derecho como sobrevivientes de violaciones bajo la custodia del Estado”, explicó Eric Rosenthal, Director Ejecutivo de DRI en un comunicado de prensa.

La organización denunció que familiares de menores fallecidas en el incendio han sido asesinadas después de la tragedia.

“En junio de 2018, Gloria Pérez y Pérez, madre de Iris Yodenis León Pérez (fallecida a causa del incendio) fue asesinada junto con su esposo, Nery León, y su hija de 13 años, Nury León Pérez -quien también había sido detenida en Virgen de la Asunción. Toda la familia fue asesinada en su casa de Sayaxché, Petén. Más recientemente, en febrero de 2021, la madre de Wendy Anahí Vividor (muerta en la tragedia), María Elizabeth Ramírez, fue asesinada. Otra madre ha sufrido amenazas y agresiones físicas junto con sus hijos”, dice el estudio.

“Algunas de estas jóvenes estuvieron a punto de morir y experimentaron un trauma severo al presenciar la muerte de sus compañeras. Todas y cada una de ellas deberían haber recibido un acompañamiento cercano, asesoramiento y reparaciones por el abuso que sufrieron estando bajo la custodia del Estado. La negligencia por parte del Estado para dar un seguimiento cercano a estas jóvenes las deja expuestas a una mayor explotación y abuso”, dice el estudio.

La organización dijo que a cuatro años de la tragedia que dejó muertas a 41 niñas y heridas de gravedad a otras 15 aún continúan impunes y que además el Estado no ha dado apoyo a las familias que incluso enfrentan riesgo buscando justicia.

La tragedia sucedió el 8 de marzo de 2017. Un día antes las niñas y niños menores que estaban recluidos en el lugar realizaron una protesta denunciando abusos físicos y sexuales. Varios menores abandonaron el lugar, pero luego fueron sometidos por la policía para que regresar.

El día del incendio, como castigo, personal del lugar y policías encerraron a 56 niñas en un pequeño cuarto. Las menores siguieron protestando por la falta de comida y acceso a baños, una de las menores llevaba fósforos y como medida de protesta prendió fuego a unas colchonetas que generaron un incendio que quemó y mató a las menores.

Por el incendio nueve personas están bajo proceso por delitos menores como negligencia. No han habido detenidos por los abusos denunciados por las menores.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El huracán Pamela se fortalecía el martes conforme avanzaba frente a las costas de México en el Pacífico y se prevé que siga así antes de tocar tierra cerca del puerto de Mazatlán el miércoles.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que el vórtice de Pamela se ubicaba unos 455 kilómetros (280 millas) al suroeste de Mazatlán el martes temprano y se movía en dirección norte-noroeste a unos 20 km/h (13 mph). La tormenta registraba vientos máximos sostenidos de unos 130 km/h (80 mph).

Se pronostica que Pamela vire hacia el norte y noreste, pasando cerca del extremo sur de la península de Baja California con fuerza de huracán el martes por la noche o el miércoles en la madrugada. Se calcula que el meteoro tocará tierra cerca de Mazatlán, posiblemente como huracán de categoría 3.

Posteriormente, se prevé que se debilite mientras atraviesa el norte de México y se aproxime el jueves a la frontera con Texas como depresión tropical.

El centro de huracanes advierte la posibilidad de marejadas ciclónicas, inundaciones súbitas y vientos peligrosos cerca del área del impacto.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Estados Unidos aumentó el miércoles las presiones contra el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sancionar a cuatro mexicanos que fueron identificados como miembros de la organización criminal que es responsable del tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense.

A dos días del primer encuentro en la capital mexicana del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS) entre las autoridades de Estados Unidos y México, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció en un comunicado que fueron designados como narcotraficantes los integrantes del CJNG Aldrin Miguel Jarquin, José Jesús Jarquin, César Enrique Díaz De León Sauceda y Fernando Zagal Anton, de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.

Con esta decisión las autoridades prohíben toda transacción de estadounidenses o personas dentro de los Estados Unidos que involucre cualquier propiedad o interés de los cuatro mexicanos designados.

Los cuatro sancionados son señalados de manejar las operaciones del CJNG a través del puerto de Manzanillo en el estado occidental de Colima, y sus alrededores.

De acuerdo a las autoridades estadounidenses el referido puerto, ubicado en las costas del Pacífico, sirve de importante puerta de entrada para la cocaína colombiana y los precursores químicos importados de Asia, incluidos los que se utilizan para sintetizar el fentanilo para su distribución hacía los Estados Unidos.

La OFAC indicó que la acción contra los cuatro miembros del CJNG se logró gracias a un trabajo conjunto entre la oficina, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) y la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF).

Al referirse a las operaciones de la CJNG la directora de la OFAC, Andrea Gacki, dijo en el comunicado que el éxito de la organización criminal, que es considerada como la de mayor expansión en México, se debe en parte a “su influencia en lugares estratégicos como Manzanillo”.

La UIF confirmó en un comunicado el bloqueo en México de las cuentas de los cuatro integrantes de la CJNG luego que la OFAC anunció las sanciones. El jefe de la UIF, Santiago Nieto, indicó que seguirán trabajando de forma coordinada con las autoridades estadounidenses para combatir el lavado de dinero generado por el crimen organizado.

Hace seis meses la OFAC sancionó a Carlos Andrés Rivera, alias “La firma”, y a Francisco Javier Gudiño, alias “La gallina”, quienes son identificados como dos altos mandos del CJNG. Rivera y Gudiño fueron acusados de haber ayudado a orquestar asesinatos.

Como parte de las sanciones la OFAC les bloqueó el acceso al sistema financiero estadounidense y congeló cualquier activo que tengan en ese país.

La OFAC ha ejecutado 15 acciones contra el CJNG desde hace seis años entre las que se incluye el líder de la organización, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, por su rol significativo en el tráfico internacional de drogas. Las autoridades estadounidenses han ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y procesamiento de Oseguera Cervantes.

El mes pasado la OFAC también sancionó al mexicano Sergio Valenzuela al identificarlo como narcotraficante de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.

Valenzuela, quien está radicado en el estado norteño de Sonora, es señalado de ser el jefe de plaza del Cártel de Sinaloa y supervisar un importante corredor de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

El secretario de Estado, Antony Blinken, arribará el viernes a la Ciudad de México acompañado del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas y el fiscal general, Merrick Garland, para participar junto a las autoridades mexicanas en el encuentro del DANS.

Sobre las propuestas que se llevarán al encuentro el canciller Marcelo Ebrard adelantó la víspera que México propondrá un cambio en la política de seguridad para dejar atrás la Iniciativa Mérida, de combate al narcotráfico y al crimen organizado, y exigirá reciprocidad en el control de tráfico de armas, la asistencia jurídica y las extradiciones.

NUEVA YORK (AP) — Más de un millón de hondureños en Estados Unidos se han quedado sin la nueva tarjeta de identificación de su país y, por el momento, sin la posibilidad de votar en las elecciones generales del 28 de noviembre en Honduras.

El problema va más allá de los comicios: las tarjetas de identidad con las que cuentan expiran el 15 de octubre y sin las nuevas se teme que no puedan realizar ningún trámite en los 14 consulados que hay en Estados Unidos.

La falta de carnets se debe a que no se ha incluido a la mayoría de los hondureños que viven aquí en el nuevo proceso de “enrolamiento”, como se conoce en Honduras, o depuración del registro de personas que realiza el país. La inscripción arrancó en 2020 en Honduras y se hace a través de máquinas especializadas que toman huellas dactilares y otros datos. Una vez registrada la persona, se genera el carnet, que puede tardar meses en ser entregado al respectivo hondureño o hondureña.

El Registro Nacional de Personas (RNP), encargado del “enrolamiento”, asegura que la cancillería es la encargada de realizar el proceso en Estados Unidos mientras que la cancillería asegura que es el RNP quien debe enviar los equipos especializados y personal a Estados Unidos para registrar a los hondureños allí. Mientras tanto, la frustración aumenta entre la comunidad hondureña, que vive sobre todo en estados como Texas, Nueva York, Nueva Jersey, Florida y California.

Juan Flores, presidente de un grupo llamado Fundación 15 de Septiembre, aseguró que se siente “indignado” porque los hondureños que viven en el extranjero aportan millones de dólares a su país en remesas. Sin embargo, ahora se quedarán sin identificación a menos que Honduras amplíe el plazo de expiración de las viejas tarjetas, dijo.

“Estamos haciendo ese llamado al Congreso”, afirmó Flores. “Este es un problema al que hay que poner atención porque es un problema de seguridad nacional, tanto para Honduras como para Estados Unidos, porque ¿cómo es posible que en territorio de Estados Unidos van a haber ciudadanos que no se sabe de qué país son? Que no tienen identificación y que no pueden obtenerla”.

Entre 1,5 y dos millones de hondureños viven en Estados Unidos, calculan las autoridades hondureñas. Según los últimos datos del censo estadounidense son poco más de un millón pero muchos llegan por vías irregulares y no se inscriben en el censo, así que la cifra podría ser más alta.

Se espera que el 28 de noviembre Honduras escoja a un nuevo presidente tras los ocho años que Juan Orlando Hernández lleva en el puesto. Hay 15 candidatos a la presidencia pero Nasry Asfura, del oficialista Partido Nacional; Yani Rosenthal, del Partido Liberal, Xiomara Castro, de Zelaya de Libre y Salvador Nasralla, del Partido Salvador de Honduras, son los que tienen más posibilidades de ganar.

La participación de los hondureños que viven en Estados Unidos en el proceso electoral de su país suele ser muy baja. El problema a corto plazo para muchos será si llega el 16 de octubre y no pueden hacer trámites como renovar pasaportes, el documento que Estados Unidos acepta en escuelas, bancos o hospitales.

La cancillería de Honduras asegura que hace meses se solicitó personal al RNP y equipos de “enrolamiento” para iniciar el proceso de inscripción en varias ciudades estadounidenses. La vicecanciller Nelly Jerez dijo a la AP que el RNP llevó equipos a 14 ciudades pero que, al cabo de poco, éstos presentaron daños y fallas y tuvieron que ser devueltos a Honduras.

“De 26 equipos, 21 regresaron completamente quemados y malos”, dijo Jerez. “Se quedaron el resto en Seattle, Boston, Charlotte y Miami. Los de Miami y Charlotte también ya presentaron problemas así que por ende nosotros no podemos hacer más”.

“Mientras el Registro no salga con los equipos y no salga con las brigadas, en los consulados no podemos hacer nada porque los equipos no los tenemos nosotros,” dijo la vicecanciller. Añadió que mientras funcionaron los equipos en Estados Unidos se logró inscribir a unos 13.000 hondureños. “A la fecha el Registro no nos ha enviado la tarjeta de identidad (para ellos)”, aseguró.

El magistrado del RNP, Óscar Rivera, afirmó que su entidad no es la encargada de realizar el “enrolamiento” en el extranjero, sino la cancillería. “Nosotros sólo acompañamos, quien opera ese servicio es la cancillería”, declaró a The Associated Press. “Hace más de seis meses les asignamos (a cancillería) 100 kits (de “enrolamiento”) para instalarse en los consulados”, agregó.

Respecto a la posibilidad de que los hondureños que no tienen su identificación no puedan votar en las elecciones, Rivera dijo que “Votar es labor del CNE (Consejo Nacional Electoral)”. Si el CNE mantiene su posición de que sólo se puede votar con la tarjeta nueva, entonces se confirmaría que muchos hondureños en el extranjero se quedarán sin participar en las elecciones.

Hondureños en Estados Unidos se han manifestado este año en varios consulados para pedir su nuevo documento de identidad. “Muchos migrantes que han salido de Honduras después de 2017 se les extravía su identificación o se la quita inmigración (estadounidense). Muchos no tienen identificación (hondureña) en Estados Unidos para hacer trámites,” dijo Flores. “Entonces estamos en un serio problema”.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México propondrá a Estados Unidos un cambio en la política de seguridad para dejar atrás la Iniciativa Mérida, de combate al narcotráfico y al crimen organizado, y exigirá reciprocidad en el control de tráfico de armas, la asistencia jurídica y las extradiciones, anunció el martes el canciller Marcelo Ebrard.

Las propuestas serán presentadas durante la visita que realizará el viernes a la capital mexicana el secretario de Estado, Antony Blinken, en el marco del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS). Blinken vendrá acompañado del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general, Merrick Garland.

“Tiene que haber una nueva etapa. Dejar atrás la Iniciativa Mérida que es asistencialista”, afirmó Ebrard, durante la conferencia matutina presidencial que se realizó en la ciudad suroriental de Veracruz, al preguntarle sobre la agenda que llevarán las autoridades mexicanas al encuentro con Blinken y Mayorkas.

El canciller explicó que México buscará construir con la administración de Joe Biden un “entendimiento simétrico, respetuoso”, y no recurrir a la asistencia como se hacía en el pasado. La Iniciativa Mérida fue un acuerdo de cooperación en materia de seguridad que acordaron Estados Unidos y México durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) que se centró en el combate al narcotráfico y al crimen organizado.

Ebrard adelantó que México ya presentó diez prioridades para el encuentro binacional que contemplan la “reciprocidad en materia del control del tráfico de armas, que haya reciprocidad en las asistencias jurídicas, que haya reciprocidad en materia de extradiciones”.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó en agosto una demanda en un tribunal federal de Estados Unidos en contra de 11 empresas de producción y distribución de armas bajo el argumento de que sus prácticas comerciales negligentes e ilegales han provocado un gran derramamiento de sangre en México.

Sobre los puntos que se discutirán en el encuentro, la Casa Blanca adelantó la víspera que el diálogo con México se basará “en los debates de meses anteriores sobre la protección de nuestro pueblo, la prevención de la delincuencia transfronteriza y la persecución de las redes delictivas”.

La activación del DANS fue uno de los acuerdos a los que llegó López Obrador con la vicepresidenta Kamala Harris durante la reunión bilateral que sostuvieron en junio en la capital mexicana.

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