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QUARTIER-MORIN, Haití (AP) — Cientos de trabajadores huyeron de negocios en el norte de Haití el miércoles después de que unas manifestaciones en las inmediaciones de la ciudad natal del asesinado presidente Jovenel Moïse se tornaran violentas antes de su funeral.

Periodistas de The Associated Press vieron el cuerpo de un hombre que, según testigos, fue baleado en la comunidad de Quartier-Morin, la cual se ubica cerca de Trou-du-Nord, ciudad en la que creció Moïse. Se colocaron bloqueos en la carretera que une las dos comunidades para impedir temporalmente el ingreso y salida de vehículos, y en el horizonte podían verse densas columnas de humo.

Muchos trabajadores caminaban apresuradamente en fila india a lo largo del camino principal entre Quartier-Morin y Cap-Haitien, la ciudad en la que se llevarán a cabo ceremonias en honor a Moïse a partir del jueves, un día antes del funeral.

Las personas que huían de la zona indicaron que vieron neumáticos quemados y hombres armados que exigían justicia para Moïse. Una mujer, notablemente agotada, dijo que los hombres armados le dijeron “¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!”, orden que fue obedecida por empleados con uniformes de todos colores, que se alejaron de la zona. La mujer se negó a dar su nombre por temor a represalias.

Abnel Pierre, trabajador del Parque Industrial Caracol, dijo que se vio obligado a caminar 45 minutos hasta su casa debido a que los bloqueos impidieron el paso del autobús que traslada a los empleados. Se negó a dar más declaraciones y siguió caminando a toda prisa rumbo a su vivienda al caer la noche.

Fueron las primeras manifestaciones violentas desde que Moïse fue asesinado en su residencia privada el 7 de julio. Los disturbios ocurrieron un día después de que Ariel Henry rindió juramento como el nuevo primer ministro de la nación, comprometiéndose a formar un gobierno provisional por consenso y a restablecer el orden y la seguridad.

En Puerto Príncipe, Martine Moïse, viuda del mandatario, realizó su primera aparición pública desde el sábado, cuando volvió sorpresivamente a Haití. Había estado convaleciendo en un hospital de Miami después de resultar herida en el ataque en el que su esposo perdió la vida.

Llevaba un vestido y mascarilla negros, y su brazo derecho colgaba de un cabestrillo del mismo color durante su reunión con funcionarios cerca del Museo del Panteón Nacional, en donde están realizándose ceremonias para conmemorar a su esposo. La capital permaneció en calma, en contraste con la comunidad del norte de Haití.

Las autoridades han informado de la detención de al menos 26 sospechosos como parte de la investigación del asesinato de Moïse, incluyendo a 18 exsoldados colombianos y a tres policías de Haití. Al menos siete policías de alto rango han sido colocados en confinamiento solitario, sin que se les haya detenido formalmente, indicó el martes el jefe de la policía, Léon Charles.

QUITO (AP) — Al menos 18 muertos y decenas de heridos se registraron en las últimas horas en dos cárceles estatales de Ecuador tras enfrentamientos entre bandas rivales en esos recintos, informaron las autoridades el jueves.

Los hechos se produjeron entre la tarde y noche del miércoles en la principal prisión de Guayaquil —la Penitenciaría del Litoral— y en la cárcel de Latacunga, en el centro del país, indicó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad.

Agregó que también se han registrado al menos nueve policías y otros 35 detenidos heridos.

Señaló que los amotinamientos causaron daños en zonas administrativas, aunque en las dos prisiones la policía retomó el control de ambos centros penitenciarios, donde en uno de ellos se reportó la fuga de un reo considerado de alta peligrosidad.

La policía informó en su cuenta de Twitter que se registró un intento de fuga en la cárcel de Latacunga, donde los presos habían logrado abandonar el reclusorio y fueron neutralizados en una terreno baldío cercano.

“Son 45 privados de libertad que fueron recapturados luego de que intentaron fugar”, indicó.

Los motines y mortales enfrentamientos en cárceles de Ecuador son relativamente frecuentes. El último de ellos se produjo a mediados de junio cuando una pelea entre bandas rivales dejó un saldo de dos muertos y 11 heridos.

A finales de febrero también se registraron motines con sanguinarias acciones de violencia en cuatro grandes cárceles ecuatorianas, con un saldo de alrededor de 80 internos muertos.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que no aceptará grupos de autodefensa armados, e insinuó que están al servicio de líderes políticos locales o de organizaciones delictivas.

Los comentarios de López Obrador se produjeron luego de que durante el fin de semana se llevó a cabo un ejercicio público por parte de unos 100 individuos armados en el estado de Chiapas, en el sur del país. El grupo, que se hace llamar “El Machete”, dijo que se formó para expulsar a los narcotraficantes de las comunidades indígenas.

López Obrador aseveró que estaban usando eso como una excusa, e indicó que los individuos podrían haber obtenido su variado arsenal de criminales.

“En ningún caso se acepta que se armen grupos”, dijo López Obrador. “Se puede usar como una excusa, que hay mucha inseguridad, y no es eso. Puede ser que se trate de una confrontación política”, añadió.

Aunque el presidente señaló que su gobierno todavía está estudiando al grupo que se formó en el municipio chiapaneco de Pantelhó, puntualizó que no creía que se tratara de residentes hartos de la delincuencia y de los asesinatos.

“O es una cuestión politiquera de dominio caciquil en la región... o es delincuencia”, comentó. “Hay que ver de dónde obtienen las armas”.

El gobierno anterior acogió brevemente a los llamados grupos de “autodefensa” en el estado occidental de Michoacán en 2013 y 2014, antes de que se descubriera que la mayoría estaban infiltrados por narcotraficantes. López Obrador dijo que es un error que no va a repetir.

Pero no especificó si su gobierno trataría de desarmarlos. Como parte de su estrategia de “abrazos, no balazos”, López Obrador ha evitado cuidadosamente la confrontación directa con manifestantes, cárteles de narcotraficantes y casi cualquier otra persona.

Pero esa estrategia no ha reducido la delincuencia ni los homicidios en México.

Desde mediados de junio se ha registrado una serie de confrontaciones en Pantelhó, y grupos locales de derechos humanos señalaron que cerca de 2.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en los últimos años debido a la violencia.

De momento no se sabe quién organizó o proporcionó las armas a “El Machete”, que parece contar con integrantes del pueblo indígena Tzotzil. Los hombres aparecieron con el rostro cubierto y con camisetas negras con el logotipo del grupo: un par de machetes cruzados.

En un comunicado publicado previamente en las redes sociales, un vocero enmascarado del grupo aseveró que aproximadamente 200 habitantes de Pantelhó han sido asesinados en los últimos años por “narcotraficantes”. El cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación parecen estarse disputando el control de la región, la cual es utilizada para el tráfico de drogas y de migrantes de la vecina Guatemala.

“Debemos defender la vida de nuestras comunidades”, dijo el portavoz no identificado. El grupo asumió la responsabilidad de un tiroteo en Pantelhó en junio en el que varias personas perdieron la vida.

“Entramos no para atacar al pueblo, sino para expulsar a los sicarios y a los narcotraficantes”, se lee en el comunicado. “Una vez que esté libre de sicarios y narcotraficantes, nosotros como autodefensas del pueblo nos retiramos porque no buscamos el poder ni el dinero para nosotros”.

CIUDAD GUATEMALA (AP) — Una fiscalía de Guatemala detuvo el miércoles a una mujer que supuestamente es parte de una organización de traficantes que mantuvo a una madre privada de libertad y secuestró a su hijo de 4 años, quien apareció muerto posteriormente en la frontera con México.

Luisa Odilia Ramírez fue detenida por la policía en el departamento fronterizo de Huehuetenango, acusada de los delitos de tráfico ilegal de guatemaltecos, plagio o secuestro y trata de personas.

Estuardo Campos, fiscal a cargo de la investigación, dijo que además de la mujer se busca a Francisco Román Ramírez Mateo, un presunto “coyote” que participó en el tráfico de la mujer de 24 años y su pequeño. Indicó que tras varios allanamientos, el hombre no había sido localizado.

Según la investigación de la fiscalía, la mujer salió el 19 de marzo de 2021 de su casa con el fin de migrar a los Estados Unidos junto a su hijo, por lo que pagó a traficantes alrededor de 3.600 dólares.

La mujer fue despojada de sus pertenencias personales y se le entregó un celular por el cual mantenían control sobre su trayecto. Al cruzar la frontera entre Guatemala y México, una mujer le arrebató al niño de sus brazos y se lo llevó.

Según el relato de la víctima, regresó a Guatemala y al contactarse con los traficantes éstos la retuvieron y la explotaron sexualmente por varios días bajo la amenaza de asesinar al niño.

Según la fiscalía, Ramírez Mateo habría forzado a la madre del menor a prostituirse y para ello utilizó el secuestro del niño que apareció muerto en un basurero en la zona fronteriza, el 27 de marzo de 2021. A través de fotografías, la madre reconoció al menor que fue repatriado a Guatemala para ser enterrado.

Según la fiscalía se coordina con México para dar con los responsables del secuestro y muerte del pequeño.

LIMA (AP) — Pedro Castillo, profesor izquierdista de una escuela rural, ganó el lunes la presidencia de Perú tras el más prolongado conteo electoral en 40 años y por apenas 44.000 votos sobre la derechista Keiko Fujimori, quien recibió el apoyo de los empresarios y los medios de comunicación.

Las autoridades electorales proclamaron su triunfo un mes y medio después de los comicios del 6 de junio, luego de que se desecharan las acusaciones de fraude impulsadas por Fujimori. Tras el conteo del 100% de los sufragios, Castillo se ubicó primero con 50.126%, por encima de Fujimori, quien obtuvo 49.874%. El presidente electo asumirá el puesto el 28 de julio, en que se celebra el Bicentenario de Perú.

“Ha llegado el momento de llamar a todos los sectores de la sociedad para construir unidos, en este Bicentenario, un Perú inclusivo, un Perú justo, un Perú Libre. Sin discriminación y por los derechos y todos y todas”, dijo Castillo en su cuenta de Twitter.

Dirigió también su convocatoria a “los pueblos afro, costeños, andinos y amazónicos, a la clase trabajadora y sus gremios, a las comunidades nativas, campesinas y a toda la sociedad para hacer de esta patria hermosa. Hoy, hermanas y hermanos, inicia una nueva etapa en nuestra historia”.

Empuñando un lápiz del tamaño de un bastón, símbolo de su partido marxista Perú Libre, popularizó una frase atractiva —“no más pobres en un país rico”— entre los empobrecidos del país con la mayor tasa global de mortalidad per cápita por coronavirus y segundo productor mundial de cobre.

Castillo promete usar los ingresos de la minería y los hidrocarburos para mejorar los servicios públicos, entre ellos la salud y la educación, luego de que la pandemia puso al descubierto su pésima calidad y dejó en la pobreza a unas 10 millones de personas, casi la tercera parte de los habitantes del país, haciendo retroceder los avances de una década.

“Los que no tienen carro al menos una bicicleta deben llegar a tener”, dijo Castillo, de 51 años, a The Associated Press a mediados de abril en su casa de adobe en Anguía, el tercer distrito más pobre de Perú, en una de las escasas entrevistas otorgadas a medios internacionales.

Desde mayo moderó sus primeras propuestas sobre nacionalizar multinacionales mineras y de gas natural. Su asesor económico, Pedro Francke, afirmó en julio que evalúan subir los impuestos a las ganancias debido a los altos precios del cobre, que superan los 10.000 dólares la tonelada.

Los historiadores dicen que es el primer campesino que llega a la presidencia en 200 años de independencia en un país que fue colonia de España de 1542 a 1821 y donde hasta ahora los indígenas reciben casi siempre lo peor de los deficientes servicios públicos, a pesar de que la nación se jactó de ser la estrella económica de América Latina en las primeras dos décadas del siglo XXI.

“No existen casos de una persona desvinculada con las élites profesionales, militares o económicas que llegue a la presidencia”, dijo Cecilia Méndez, historiadora peruana especializada en el papel del campesinado y profesora de la Universidad de California-Santa Bárbara, en declaraciones a Ideeleradio.

Castillo ganó con los empresarios en contra. Roque Benavides, empresario minero, dijo a la televisora Latina que los mensajes del presidente electo han sido erráticos, “un día diciendo una cosa y otro día otra cosa”. El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, declaró que el presidente electo “representa la desaparición de la democracia y la libertad en el Perú”.

Militares jubilados enviaron una carta al jefe de las Fuerzas Armadas pidiéndole no respetar el triunfo del izquierdista, y Fujimori dijo horas antes que aceptará la victoria de Castillo, pero que es “ilegítima” porque ganó con “fraude”. No pudo probar dicha acusación, pero ésta frenó la designación luego que Fujimori pidiera anular miles de votos favorables al profesor, sobre todo en comunidades indígenas y pobres de los Andes que sufragaron de forma abrumadora por él.

“Invoco... a la señora Fujimori a que no pongamos... más obstáculos para sacar adelante al país”, le pidió Castillo poco después de ser declarado presidente electo frente a cientos de seguidores en su sede de campaña en el centro de Lima.

Estados Unidos, la Unión Europea y 14 misiones electorales determinaron que las elecciones fueron limpias. Washington consideró a los comicios un “modelo de democracia” para la región.

Steven Levitsky, politólogo de la Universidad de Harvard, dijo a radio Exitosa que Castillo llega “muy débil” y en algún sentido es “muy parecido” a Salvador Allende cuando accedió al poder en Chile en 1970, así como a Joao Goulart, quien llegó a la presidencia de Brasil en 1961. “Tiene casi todo el establishment de Lima en su contra”, indicó el experto en política latinoamericana.

Levitsky añadió que, si Castillo intenta cambiar la Constitución de Perú --promulgada en 1993 por el encarcelado expresidente Alberto Fujimori, padre de Keiko Fujimori, y defendida por empresarios y políticos de derecha-- “sin construir un consenso, (sin) alianzas con partidos de centro, sería muy peligroso porque sería una justificación para un golpe” de Estado.

Castillo reafirmó el sábado que su gestión impulsará un cambio en la Constitución para “terminar con la histórica discriminación que sufren nuestros pueblos andinos, amazónicos, afrodescendientes y nuestras poblaciones vulnerables a la violencia machista, clasista y racista”.

Según los expertos, a Castillo no le será fácil lograr reescribir la Constitución porque necesitaría un fuerte respaldo en el Congreso unicameral, pero no cuenta con los votos suficientes para abrir la primera llave, la cual consiste en modificar un artículo de la actual carta magna para incluir que ésta puede ser cambiada mediante una Asamblea Constituyente.

Cientos de peruanos de diversas regiones acamparon desde hace más de un mes frente al Tribunal Electoral en Lima para esperar la proclamación de Castillo. Muchos vienen con su propio dinero y no pertenecen al partido del profesor, pero confían en él porque “no será como los otros políticos que no han cumplido sus promesas y no defienden a los pobres”, dijo Maruja Inquilla, activista ambiental que llegó desde un pueblo cercano al Titicaca, el lago mítico de los incas.

El presidente electo trabajó los últimos 25 años como maestro de primaria en su natal San Luis de Puña, una remota aldea de Cajamarca, región norteña donde en 1533 el último líder inca, Atahualpa, ofreció a cambio de su libertad dos cuartos repletos de plata y uno de oro a sus secuestradores españoles, que incumplieron el pacto y lo asesinaron.

“Cajamarca es el lugar donde se ha pagado el precio más caro por la libertad”, reflexionó Castillo en abril mientras recogía camotes de su huerta. Usaba sandalias de caucho y sombrero de ala ancha, como los campesinos de su comunidad donde el 40% de los niños padecen desnutrición crónica y más de la mitad apenas tiene educación primaria.

A diferencia de otros sindicalistas que antes de llegar a la presidencia fueron diputados, como Evo Morales en Bolivia o Luiz Inácio Lula da Silva, que se postuló tres veces antes de gobernar Brasil, Castillo alcanzó el máximo cargo en su primera apuesta, sin haber ejercido cargos públicos.

En 2017 lideró la mayor huelga de maestros en 30 años en busca de mejores sueldos y, aunque no logró mejoras sustanciales, se sentó a conversar con ministros, legisladores y burócratas. Así empezó a entender el mecanismo interno de las negociaciones con el poder.

En 20 años los peruanos fueron testigos que la experiencia previa o los títulos universitarios de sus cinco expresidentes no sirvieron para luchar contra la corrupción, el problema nacional que más preocupa después del coronavirus, según los sondeos. Todos los exmandatarios están siendo investigados por la fiscalía por posibles coimas ligadas a obras de infraestructura de la constructora Odebrecht u otras empresas.

Castillo recordó que el primer giro de su vida ocurrió una noche siendo niño, cuando su maestro persuadió a su padre para que le permitiera acabar su educación primaria en una escuela a dos horas de casa. Ambos adultos masticaban hojas de coca, costumbre andina para disminuir el cansancio.

“Pedro debe seguir estudiando”, declaró el maestro, según el presidente electo.

“Ha sufrido mucho en su niñez”, dijo después su esposa, la profesora Lilia Paredes, de 48 años, mientras lavaba los platos y las ollas en su casa junto a sus hijos Arnold, de 16 años y Alondra, de 9. A diferencia de los hijos de los presidentes de los últimos 40 años, que han estudiado en colegios privados y costosos, los hijos de Castillo asisten a la escuela pública.

Se acostumbró a largas caminatas. Llegaba al aula de clases “con mis llanques” (sandalias campesinas), con una alforja de lana en el hombro, un cuaderno y un almuerzo consistente en camotes o tamales que se enfriaban con las horas, dijo de sí mismo Castillo. “Era el alumno que venía de lejos”, recordó.

Agregó que su vida quedó marcada por el trabajo que realizó de niño junto a sus ocho hermanos, pero también por el recuerdo del trato de siervos sin tierra que recibieron sus padres analfabetos que vivían en los dominios del hacendado Juan Herrera en San Luis de Puña. Lloró cuando recordó que, si no pagaban el arriendo, el hacendado se quedaba con las mejores cosechas.

“Te quedabas mirando lo que habías sembrado, te agarrabas el estómago, y eso no lo voy a olvidar. Tampoco lo voy a perdonar”, dijo.

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Entrevista con integrantes del Servicio Internacional de Uniones (SEIU), quienes están luchando por la aprobación de la legalización de todos los trabajadores indocumentados en Estados Unidos.

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