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SAN DIEGO (AP) — Abogados de oficio dijeron el martes que no han podido localizar a los padres de 545 menores que fueron separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México al inicio de la presidencia de Donald Trump.

Las separaciones ocurrieron entre el 1 de julio de 2017 y el 26 de junio de 2018, cuando una juez federal en San Diego ordenó que los niños bajo custodia gubernamental regresasen con sus padres.

Los menores afectados por las separaciones en ese periodo son difíciles de encontrar porque el gobierno tenía sistemas de seguimiento inadecuados. Voluntarios los han estado buscando tanto a ellos como a sus padres puerta a puerta en Guatemala y Honduras.

Más de 2.700 menores fueron separados de sus familias en junio de 2018, cuando la juez de distrito de Estados Unidos Dana Sabraw ordenó el final de la práctica incluida en la política de “tolerancia cero” para procesar penalmente a todos los adultos que entrasen al país de forma ilegal desde México. El gobierno desató un protesta internacional cuando los padres no pudieron encontrar a sus hijos.

Aunque esas familias se reunieron por orden judicial, las autoridades descubrieron más tarde que hasta 1.556 menores se vieron afectados por esta práctica desde el verano de 2017, incluyendo cientos en una primera fase de separaciones en El Paso, Texas, desde julio a noviembre de 2017, de la que no se tenía constancia pública en ese momento.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que denunció esta política ante los tribunales, dijo que un comité designado por la corte había encontrado a los padres de 485 menores, 47 más que en agosto. Esto deja a 545 sin localizar de entre los 1.030 de los que el comité tenía números de teléfono de las autoridades estadounidenses.

Se cree que alrededor de dos tercios de los padres de esos 545 menores están de vuelta en sus países, apuntó ACLU.

Los voluntarios se han “embarcado en largas y arduas búsquedas de los padres sobre el terreno en sus respectivos países de origen”, afirmó ACLU en un documento judicial. Esas operaciones se suspendieron al inicio de la pandemia del coronavirus pero se han reanudado de forma limitada.

El comité promovió también líneas telefónicas gratuitas en español para contactar con las familias.

La juez programó una vista el jueves para discutir el estatus de los esfuerzos de reunificación.

 

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El exministro de Comunicación del expresidente guatemalteco Jimmy Morales se fugó el martes mientras las autoridades allanaban cuatro viviendas en su búsqueda tras determinar que arrendaba una propiedad donde la semana pasada fueron hallados unos 16 millones de dólares en efectivo.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala (FECI) solicitó la detención del exministro José Luis Benito Ruiz por presunto lavado de dinero, dijo el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

Según la fiscalía, Benito Ruiz alquiló la propiedad un mes después de haber dejado el cargo, en enero de 2020.

“El anonimato asociado con el dinero en efectivo lo hace muy atractivo para las actividades ilegales y el crimen al no dejar rastro en el sistema financiero”, dijo el Ministerio Público.

La Fiscalía realizó cuatro allanamientos en la capital guatemalteca y en el departamento de Escuintla, al sur del país, donde tiene propiedades el exfuncionario que no fue encontrado, dijo el Ministerio Público.

El 14 de octubre la FECI realizó un allanamiento en una casa ubicada en la ciudad colonial de Antigua Guatemala donde encontró el dinero en 22 maletas. La casa estaba vacía y deshabitada pero tenía montado un sistema de vigilancia a distancia con cámaras que registraban quién tenía acceso a la vivienda.

En el allanamiento la fiscalía encontró más de 85 millones de quetzales, 95.000 euros y unos cinco millones de dólares en efectivo por un total aproximado de unos 16 millones de dólares.

Benito Ruiz, un empresario en distintos rubros y dedicado a la crianza de caballos, fue uno de los hombres más cercanos y de confianza de Morales.

Esta es la segunda ocasión en la que se intenta detener a Benito Ruiz. La primera vez un juez se negó a emitir una orden de captura en su contra por su supuesta implicación en un caso de corrupción vinculado con la construcción de una millonaria carretera.

 

Buenos Aires, 15 oct (Prensa Latina) El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud) expresó hoy su preocupación por la misión electoral enviada a Bolivia por la OEA (Organización de Estados Americanos), encabezada por la misma persona que participó en los anteriores comicios.

En un comunicado difundido en internet, ese brazo que componen destacadas personalidades jurídicas señaló que la delegación de la OEA, compuesta por un grupo de 40 expertos, será liderada por el excanciller de Costa Rica Manuel González, idéntico jefe de misión enviado a las elecciones de octubre del año pasado.


El Consejo significó que sigue hoy de cerca la legalidad de los actos y de las decisiones preelectorales necesarias para garantizar que el país pueda retomar la senda institucional, tras los graves acontecimientos del 2019, que produjeron una gran desestabilización política, económica y social, en referencia al golpe de estado contra Evo Morales.


Asimismo, los miembros del Clajud mostraron su perplejidad por las declaraciones de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral boliviano “quienes, frente a las dudas respecto de la transparencia del proceso electoral, no han esclarecido suficientemente cómo será la verificación instantánea de las actas a partir de la implementación del sistema del conteo preliminar”.


La falta de claridad y los cambios de última hora generan dudas importantes respecto a las obligaciones del proceso frente a las garantías del derecho universal al sufragio, apunta ese brazo cread por el Grupo de Puebla, al señalar que el mundo estará mirando las elecciones del domingo venidero, después de los hechos del pasado año y el papel que jugó la OEA.


Esa organización, precisa el texto, fue un actor fundamental del resquebrajamiento institucional y democrático en Bolivia y jugó un papel central para precipitar la crisis política de 2019.


“Consideramos fundamental que la comunidad jurídica y política observe el comportamiento de las instituciones responsables por llevar adelante el proceso electoral del país. Que se observen a los observadores, exigiendo transparencia y legalidad para garantizar la participación política libre y soberana del pueblo boliviano”, concluye el comunicado.

 

 

México, 15 oct (PL)). Adán (El Azujl) León, jefe del cártel Santa Rosa de Lima, de Guanajuato, fue detenido por autoridades locales, confirmó hoy el gobernador Diego Sinhue. 

León había asumido el liderazgo de uno de los grupos más agresivo y sanguinario de los que operan en México después del apresamiento de su jefe, José Antonio Yépez (El Marro).


En su corto mandato, El Azul cometió varias masacres para dejar testimonio, según dijo en esas ocasiones, que Santa Rosa de Lima no estaba desarticulado y vengaría a su jefe hasta liberarlo y que la guerra contra el cártel Nueva Generación, de Jalisco, se mantenía.


Su detención se dio a la víspera en la colonia Progreso, donde policías municipales se enfrentaron con hombres armados y, posteriormente, arribaron las fuerzas federales y estatales para brindar apoyo. En la casa se localizó el equipo táctico, ponchallantas, armas y cartuchos útiles.
El Marro fue arrestado la madrugada del pasado 2 de agosto, en una finca de una comunidad rural del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, pero su detención no redujo la violencia en Guanajuato, precisamente por la actuación de El Azul.

 

 

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un derrumbe por las recientes lluvias y la caída de una enorme piedra sobre varias viviendas dejó la noche del martes cuatro personas fallecidas, incluido un bebé, en una comunidad montañosa del departamento de Sololá, al occidente de Guatemala.

Los socorristas reiniciaron el miércoles las tareas de rescate en el lugar ante la posibilidad que hayan otras personas atrapadas entre los escombros, informó el vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, David de León.

De León detalló que otras diez personas resultaron heridas y ocho casas dañadas por la roca de varias toneladas que se desprendió de la montaña.

La coordinadora informó que los fallecidos son de una misma familia que habitaba una casa en la comunidad del municipio de San Marcos La Laguna, ubicada en las faldas de varias montañas y frente al lago de Atitlán. Los muertos eran familiares del alcalde municipal de la localidad, Víctor Puzul, se informó.

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