Por ELLIOT SPAGAT y SOPHIA TAREEN
Menos de un año después de estar al borde de licenciar al 70% de sus empleados por falta de fondos, el organismo que maneja las ciudadanías, las residencias permanentes y las visas temporales propone mejorar sus servicios, aunque sin ofrecer un plan detallado acerca de cómo financiar esas mejoras, incluida una exención al pago de tarifas para las personas de bajos recursos, según una propuesta a la que tuvo acceso la Associated Press.
El Departamento de Seguridad Nacional envió su plan de 14 páginas a la Casa Blanca el 21 de abril. Contempla reformas al funcionamiento de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, parte del DSN, que financia sus operaciones con el cobro de tarifas por sus servicios y no recibe fondos del Congreso.
El proyecto contiene cambios a corto y largo plazo que reflejan “una evaluación realista de nuestras aspiraciones y limitaciones”. Plantea entrevistas con los solicitantes por video en lugar de en persona; permitir que personal de esa dependencia tome juramento a los nuevos ciudadanos, sin necesidad de apelar a jueces federales, y promover las solicitudes a través de la internet para acelerar el tiempo que toma procesar los pedidos.
El DSN dice que puede hacer todo esto sin la aprobación del Congreso, donde cuesta mucho llegar a un consenso en torno a la inmigración.
En conjunto, los cambios marcan una ruptura total con las políticas del gobierno de Donald Trump, que se enfocó en combatir el fraude y en reducir beneficios, incluida la suspensión del programa DACA que acogió a jóvenes sin permiso de residencia que fueron traídos al país de niños.
El plan daría el beneficio de la duda a algunos solicitantes de la ciudadanía. Por ejemplo, no se castigaría a los inmigrantes que por error se apuntan para votar antes de naturalizarse. Bajo las leyes actuales, eso constituye un delito castigable incluso con la deportación, que prácticamente anula toda posibilidad de recibir algún día la ciudadanía.
El tema ha estado en el candelero por el aumento en la registración automática de votantes y las denuncias no sustentadas de Trump de que millones de personas votaron ilegalmente en el 2016.
El documento que busca mejorar la tramitación de la ciudadanía está pensado para “alentar la plena participación en nuestra vida cívica y en la democracia” y ofrecer servicios de una forma efectiva y eficiente.
No se ofrecen estimados de costos para estos cambios, aunque algunas medidas en teoría no implicarían gastos, sino que ahorrarían dinero, además de agilizar el proceso. Se reconoce, no obstante, que la viabilidad de las propuestas a largo plazo depende de la estabilidad financiera, lo que implicaría pedir fondos al Congreso.
Bajo el plan, la agencia seguiría subsidiando el costo de hacerse ciudadano para asegurarse de que el proceso está disponible a tanta gente como sea posible.
El gobierno “reconoce que el costo del trámite puede ser una barrera para cierta gente que quiere naturalizarse y está empeñado en ofrecer trámites de naturalización accesibles”, señala el documento. “Esto implica que otros solicitantes que pagan tarifas seguirán subsidiando esta política para garantizar que se cubren todos los costos”.
La Casa Blanca y el DSN no respondieron por ahora pedidos de comentarios.
El año pasado la agencia amenazó con dar licencia a más de 13.000 empleados porque tenía un déficit de 1.260 millones de dólares. Pero después de algunos meses de alta tensión, dijo que no necesitaba el dinero y que, por el contrario, tendría un excedente al finalizar el año. El director interino de entonces, Joseph Edlow, dijo que las tarifas generaron más dinero que el esperado al reabrir las oficinas tras el cierre por la pandemia del coronavirus y que se habían revisado los contratos para ahorrar dinero.
Se empezó a hablar del gran déficit en noviembre del 2019, cuando la agencia propuso fuertes aumentos en sus tarifas y mucho antes de que el COVID-19 amenazase con causar estragos en sus finanzas.
Muchos se preguntaron cómo puede ser que las finanzas de la agencia se deteriorasen tan rápidamente y se recuperasen con igual velocidad. Entre quienes plantearon dudas figuró Ur Jaddou, nominada por el presidente Joe Biden para dirigir la agencia.
Jaddou, quien fue asesora de la agencia bajo el gobierno de Barack Obama, dijo en octubre que hacía falta una auditoría. Y cuestionó algunos cambios bajo el gobierno de Trump, incluida la justificación de una gran expansión de una unidad para combatir fraudes y el requisito de rechazar solicitudes con espacios en blanco, que ya fue descartado por el gobierno de Biden.
“Todo esto son puras trabas burocráticas”, expresó.
Las tarifas debían aumentar un promedio de un 20% en octubre del año pasado, pero un juez federal bloqueó esa medida pocos días antes de que entrasen en vigor. La tarifa para hacerse ciudadano había subido de 640 dólares a 1.170 y se iba a eliminar prácticamente la exención de tarifas a las personas de bajos recursos.
Otra tarifa fijada por el gobierno de Trump que quedó sin efecto fue una de 50 dólares para solicitar asilo. Los solicitantes de asilo también hubieran tenido que pagar 550 dólares por un permiso de trabajo y 30 dólares para obtener sus datos biométricos.
Hacia el final del gobierno de Trump había que esperar más de un año para completar el proceso de naturalización, comparado con menos de ocho meses cuatro años antes.
