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MILWAUKEE, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Un exempleado farmacéutico de Wisconsin que estropeó a propósito más de 500 vacunas contra el COVID-19 fue condenado el martes a tres años de prisión.

Steven Brandenburg, de 46 años y residente de Grafton, se declaró culpable en febrero de dos cargos graves de intento de manipulación de un producto para el consumidor. Admitió haber sacado intencionalmente durante horas las dosis fabricadas por Moderna de un refrigerador en el Centro Médico de Aurora, en Grafton, justo al norte de Milwaukee.

En un comunicado publicado antes de recibir su castigo, Brandenburg dijo estar “muy avergonzado” y que aceptaba la responsabilidad por sus acciones. El periódico The Milwaukee Journal Sentinel reportó que el hombre pidió disculpas a sus compañeros, a su familia y a la comunidad.

La mayor parte de las dosis manipuladas fueron destruidas posteriormente, pero después de que 57 personas ya habían sido inoculadas con parte de ellas. Se cree que esas dosis aún fueron efectivas, pero algunas de las personas vacunadas pasaron semanas de incertidumbre, ira, ansiedad y angustia, de acuerdo con unos documentos procesados en el tribunal.

Los fiscales pidieron una pena de tres años y cinco meses de prisión. Brandenburg enfrentaba un castigo máximo de 10 años tras las rejas y multas de 250.000 dólares por cada delito.

Brandenburg ha admitido haber inventado teorías de la conspiración y asegurado que él es un profeta y que las vacunas son producto del diablo. También expresó la creencia de que la Tierra es plana y que los atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron falsos.

Recientemente, Brandenburg sustituyó en secreto con solución salina una vacuna contra la influenza que él estaba obligado a recibir y convenció a varios compañeros de trabajo a que también cambiaran en secreto la vacuna contra la influenza, según los documentos judiciales.

El gobierno del presidente Joe Biden amenazó el lunes con emprender acciones jurídicas si el gobernador de Texas, Greg Abbott, no anula su orden de cerrar los refugios financiados con fondos federales que albergan a niños migrantes que cruzaron la frontera sur de Estados Unidos sin compañía de un adulto.

En una carta obtenida por The Associated Press, Paul Rodriguez, abogado general adjunto del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés), informó al gobernador Abbott que, a pesar de que el estado emite las licencias para los albergues, el Congreso ha encargado a su agencia el cuidado de los niños que viajaron solos.

Advirtió a Abbott que no interfiriera con esas operaciones y dijo que el HHS pretende emprender acciones legales si el estado sigue adelante con el cierre de los albergues.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados “opera las 52 instalaciones con licencia estatal de Texas, que comprenden una porción significativa de toda la huella operativa de la ORR, y representan un componente indispensable del sistema federal de inmigración”, escribió Rodriguez en la carta enviada a Abbott y a otros dos funcionarios de Texas. La “proclama sería un ataque directo contra este sistema”.

La carta exhorta a Abbott a que clarifique a más tardar el 11 de junio si su proclama de la semana pasada abarca los 52 albergues que están autorizados por el estado, pero que están financiados con subvenciones federales. Argumenta que la ley federal estipula que estos niños migrantes “no constituyen una presencia ilegal” durante su estancia en Estados Unidos, desafiando la descripción de Abbott de estos niños como “inmigrantes ilegales”.

Más de la mitad de los niños migrantes que se encuentran bajo custodia del gobierno estadounidense en instalaciones autorizadas están en Texas. El último censo tomado el 19 de mayo mostró que 4.223 niños están en esas instalaciones, de los aproximadamente 7.000 que están en toda la red de albergues autorizados.

Los expertos y defensores de derechos de los migrantes señalaron que cerrar esos albergues podría afectar gravemente el programa para niños que viajaron sin compañía de un adulto, que ya enfrenta problemas de capacidad, lo que ha obligado al gobierno a abrir una decena de sitios de emergencia para procesar a miles de menores.

El gobierno de Biden ha trabajado para acelerar las transferencias de la Patrulla Fronteriza a la custodia del HHS, y la entrega de los niños a sus familiares que se encuentren en Estados Unidos. En el último mes, el HHS ha disminuido el número de niños en refugios o en sitios de emergencia luego de entregar más menores a sus familias.

Sin embargo, hasta el domingo, había cerca de 16.000 niños bajo custodia del HHS, y el gobierno federal ha batallado para aumentar el número de camas en los albergues autorizados, que son los predilectos de los defensores de los migrantes.

Los llamados sitios de acogida de emergencia fueron abiertos en marzo en centros de convenciones, bases militares y otros complejos de gran tamaño. Parecen refugios de evacuación de huracanes, con poco espacio para jugar y sin privacidad. Los defensores y legisladores que los han visitado han expresado inquietudes sobre la salud mental de los niños.

Abbott, un republicano, también ha criticado las instalaciones de emergencia que no cuentan con licencias estatales, pero los defensores dijeron que su orden podría enviar a más niños a los sitios a gran escala.

La carta señala que el estado discriminaría a los proveedores que tienen subvenciones del gobierno federal para operar esos refugios. Ello violaría la doctrina de la inmunidad intergubernamental, que impide que el estado interfiera con las actividades federales, y la Cláusula de Supremacía, que establece que la ley federal tiene primacía sobre las leyes estatales o locales.

La orden de retirar las licencias de los albergues forma parte de una declaración de desastre emitida por Abbott la semana pasada, en la que alegó que el gobierno federal no puede obligar a Texas a seguir emitiendo licencias estatales en respuesta a un problema federal. La proclama fue una acción sumamente inusual por parte del gobernador que se produce en medio de críticas por el número récord de cruces fronterizos en los últimos meses.

Más recientemente, Abbott señaló que los policías estatales empezarán a arrestar a los migrantes en la frontera, y prometió que realizaría un anuncio en los próximos días.

La carta enviada el lunes estaba dirigida a Abbott, al subsecretario de Estado de Texas, Jose Esparza, y a la comisionada ejecutiva de Salud y Servicios Humanos de Texas, Cecil Erwin Young.

ASHEBORO, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Un graduado de secundaria de Carolina del Norte ya tiene su diploma, luego del furor que se generó en las redes sociales por la bandera mexicana que usó durante su ceremonia de graduación.

Ever Lopez, de 18 años, salió de la secundaria de Asheboro el lunes con el diploma en las manos y lo mostró a un pequeño grupo de personas reunidas, de acuerdo con reportes de los medios de comunicación.

Un video de 68 segundos de la ceremonia de graduación celebrada el jueves muestra cuando Lopez sube al escenario con la bandera verde, blanca y roja encima de su toga. Le entregaron una carpeta para el diploma antes de llegar a donde estaba la directora de la escuela, Penny Crooks. Lopez parece tratar de quitarse la bandera antes de bajar del escenario sin el diploma en las manos.

El distrito escolar de Asheboro señaló en un comunicado emitido el viernes que Lopez violó parte del código de vestimenta de graduación que prohíbe portar banderas, pero eso no contuvo la controversia que se generó en las redes sociales. Crooks recibió amenazas de muerte y alguien amenazó con disparar contra la institución si no le daban su diploma. La familia de Lopez trató de reunirse con los directivos de la escuela para aclarar la situación.

Los defensores de Lopez se reunieron en la escuela el lunes, mientras algunos vehículos de la policía de Asheboro sin marcas estaban estacionados cerca en respuesta a las amenazas. La televisora WFMY reportó que la policía aumentó la cantidad de patrullas en los alrededores de la escuela y en el vecindario donde vive la directora. La familia realizó una conferencia de prensa e ingresó a la institución para hablar con los directivos antes de que Lopez saliera con el diploma.

Lopez dijo que, si bien apreciaba el apoyo que ha recibido, deberían de cesar las amenazas contra la directora.

“Si van a enviarle un correo electrónico o a decir algo, al menos dejen de lado las cosas amenazantes”, señaló. “Sólo siento que deberían respetarla aunque haya hecho algo malo ¿saben?”, añadió.

Lopez dijo que portó la bandera como muestra del orgullo que siente por sus raíces mexicanas. Dijo que es el primer miembro de su familia inmediata que se gradúa de secundaria.

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos falló por unanimidad el lunes que miles de personas que viven en el país por razones humanitarias no pueden solicitar la residencia permanente.

La jueza Elena Kagan escribió en el fallo que la ley federal de inmigración prohíbe que las personas que ingresaron al país sin permiso y ahora están bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) soliciten “green cards” para quedarse en el país de forma permanente.

El TPS se otorga a personas que provienen de países devastados por guerras o desastres naturales. Los protege de la deportación y les permite trabajar legalmente. Hay unas 400.000 personas de 12 países bajo dicho estatus.

El fallo concierne al caso de una pareja de El Salvador que vive en Estados Unidos desde principios de la década de 1990, y giró en torno a la cuestión de si las personas que ingresaron sin permiso en el país y recibieron protección humanitaria alguna vez fueron “admitidas” en Estados Unidos, de acuerdo con las leyes migratorias.

Kagan escribió que no. “El programa TPS otorga a los extranjeros el estatus de no inmigrantes, pero no los admite. Entonces, la concesión del TPS no hace que una persona con ingreso ilegal... sea elegible” para un permiso de residencia, escribió.

La Cámara de Representantes ya aprobó una legislación que permitiría que los beneficiarios del TPS se conviertan en residentes permanentes, señaló Kagan. El proyecto de ley enfrenta perspectivas inciertas en el Senado.

El presidente Joe Biden indicó que apoya el cambio en la ley. Sin embargo, su gobierno, al igual que el de Donald Trump, argumenta que la actual ley inmigratoria no permite que las personas que entraron sin autorización al país soliciten residencia permanente.

Grupos de inmigrantes argumentaron que muchas personas que llegaron a Estados Unidos por razones humanitarias han vivido en el país durante muchos años, han tenido hijos que son ciudadanos estadounidenses y se han arraigado aquí.

Cortes federales de todo el país habían tomado decisiones discrepantes sobre si el otorgar el TPS era, por sí solo, suficiente para permitir que un inmigrante intentara obtener residencia permanente.

El expresidente Trump intentó cancelar el programa para muchos inmigrantes, lo que provocó temores de que fueran deportados a sus países de origen en donde no habían vivido desde hace muchos años.

“Todas esta familias que desde hace décadas están establecidas en Estados Unidos y han vivido en nuestras comunidades enfrentaban una amenaza muy real”, dijo Lisa Koop, abogada del Centro Nacional de Justicia Inmigrante y profesora en la escuela de leyes de Notre Dame.

En 2001, Estados Unidos otorgó a los migrantes salvadoreños protección legal para permanecer en el país después de una serie de terremotos en El Salvador.

Los ciudadanos de Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen también están amparados por el TPS.

La decisión del lunes no afecta a los inmigrantes con TPS que ingresaron a Estados Unidos legalmente y luego, digamos, se quedaron más tiempo cuando venció su visa, señaló Kagan. Debido a que esas personas fueron admitidas legalmente en el país y luego recibieron protección humanitaria, pueden solicitar la residencia permanente.

SAN DIEGO (AP) — El gobierno de Estados Unidos dijo el martes que ha identificado a más de 3,900 menores migrantes separados de sus padres en la frontera con México bajo la política de “tolerancia cero” del expresidente Donald Trump hacia las entradas ilegales al país. Las autoridades proporcionaron uno de los conteos más detallados en un capítulo de la historia migratoria estadounidense que recibió una condena generalizada.

El conteo del grupo de trabajo para la reunificación familiar del gobierno de Joe Biden de 3,913 menores separados entre el 1 de julio de 2017 y el final de la presidencia de Trump está muy por debajo de los más de 5,500 identificados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en documentos judiciales, basándose en información gubernamental.

El grupo de trabajo dijo que identificó a “casi todos” los menores que fueron separados en base a esa política pero revisará otros 1,723 casos desde julio de 2017, lo que podría elevar el numero total de expedientes examinados a 5,636, más parecido al conteo de la ACLU . La discrepancia parece radicar principalmente en el fallo de una corte federal en San Diego que excluyó a 1,723 niños que fueron apartados por otros motivos, como riesgo de que estuviesen en peligro o dudas sobre paternidad.

Las autoridades también tratarán de determinar si hubo separaciones familiares durante los primeros seis meses de la presidencia de Trump, a partir de enero de 2017, algo que está fuera de la demanda de ACLU. Esto podría elevar también la cifra final.

De los 3,913 menores, 1,786 han regresado con uno de sus padres, en su mayoría durante la presidencia de Trump, se ha contactado con los padres de otros 1,965, y se desconoce el paradero de 391 más. Muchos de los contactados fueron entregados a otros familiares.

El reporte proporcionó datos inéditos: cerca del 60% de los menores separados en base a la política migratoria del anterior gobierno eran guatemaltecos (2,270), seguidos de hondureños (1,150), salvadoreños (281), mexicanos (75), brasileños (74) y rumanos (23).

La Patrulla Fronteriza del sector de Yuma, en Arizona, registró el mayor número de separaciones de entre los nueve sectores de la frontera con México, con 1,114 casos. El Rio Grande Valley, en Texas, que atrajo la atención de los medios al tratarse del corredor más empleado para cruces ilegales, fue el segundo punto con 1,025 casos. El Paso, Texas, donde se llevó a cabo un ensayo de la política en 2017 que no se hizo público en su día, fue el tercero con 982 casos.

El gobierno de Biden se ha comprometido a reunir a los padres e hijos que siguen separados, pero el ritmo de las reunificaciones ha sido lento y no está claro cuántas se realizarán. Los primeros cuatro progenitores regresaron a Estados Unidos el mes pasado, dentro de lo que el grupo de trabajo identificó como un grupo inicial de 62 personas.

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Entrevistas con El Vocero Hispano: Oasis Legal Group // Abogado Jairo Hernandez

Andrés Abreu entrevista al abogado Jairo Hernández de la firma Oasis Legal Group. Hernández es especializado en asuntos de inmigración y estará ofreciendo sus servicios en Grand Rapids. Su oficina está localizada en la 250 Monroe Ave NW en la suite 400, oficina 440 y estará abierta publico a partir del 1 de octubre.

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