Por KEVIN FREKING

WASHINGTON (AP) — El Senado de Estados Unidos aprobó una propuesta de ley que hará del 19 de junio un feriado federal para conmemorar la libertad de los esclavos.

La ley crearía el 12do feriado nacional. Se espera que la medida se aprobada por amplio margen en la Cámara de Representantes, tras lo cual iría al despacho del presidente Joe Biden para su firma.

El Juneteenth o día de la emancipación conmemora cuando los últimos esclavos se enteraron de que eran libres. Los soldados confederados se rindieron en abril de 1865, pero la noticia llegó a los últimos afroamericanosos esclavizados hasta el 19 de junio, cuando soldados de la Unión llegaron a Galveston, Texas. Eso fue unos dos años y medio después de la Proclamación de Emancipación que declaró la libertad de los esclavos en los estados del sur.

“Hacer de Juneteenth un feriado federal es un importante paso hacia el reconocimiento de los males del pasado”, dijo el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. “Pero debemos seguir trabajando para garantizar justicia igual y cumplir la promesa de la Proclamación de Emancipación y de nuestra Constitución”.

El Senado aprobó la medida el martes por un acuerdo unánime de consentimiento que acelera el proceso de consideración de leyes. La objeción de un solo senador puede bloquear esos acuerdos.

En el periodo legislativo previo, el senador republicano Ron Johnson se opuso a que el día fuera feriado argumentando el costo y la falta de debate. El congresista dijo entonces que había apoyado resoluciones que reconocían el significado de la fecha, pero que le preocupaba que el nuevo feriado diera a los empleados federales otro día libre a un costo de 600 millones de dólares por año.

“Aunque aún me parece extraño hacer que los contribuyentes provean a los empleados federales tiempo libre, sea requerido ahora para celebrar el fin de la esclavitud, está claro que no hay deseo en el Congreso de discutir más el asunto. Por lo tanto, no voy a objetar”, dijo Johnson en una declaración antes de la votación del martes.

La medida es patrocinada por el senador demócrata Edward Markey y tuvo 60 copatrocinadores. Markey tuiteó el lunes: “Tenemos un largo camino que recorrer hacia la justicia social en Estados Unidos y no podemos llegar sin reconocer el pecado original nacional de la esclavitud. Hace tiempo debimos hacer del Juneteenth un feriado federal”.

La vasta mayoría de los estados reconocen la fecha como feriado o tienen una conmemoración oficial. Es día de descanso pagado para empleados estatales en Texas, Nueva York, Virginia y Washington.

Bajo la nueva ley, el feriado será conocido como Juneteenth National Independence Day.

Por CHRISTOPHER SHERMAN

CIUDAD DE MEXICO (AP) — En visitas consecutivas este mes, la vicepresidenta, Kamala Harris, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, le informaron al aliado más importante de Estados Unidos que el gobierno del presidente Joe Biden tiene un enfoque más matizado en materia migratoria que el de su predecesor. Sin embargo, se pregunta qué más puede hacer México.

Al concluir una sesión de dos días de reuniones de alto nivel, Mayorkas señaló el martes: “Nos hemos cuestionado el uno al otros sobre qué más podemos hacer cada uno de nosotros para atender el nivel de inmigración irregular que ha persistido por varios meses”.

En mayo, los encuentros con migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos aumentaron respecto al mes pasado a más de 180.000, más del doble de la cifra reportada en enero, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés).

El número récord de llegadas de niños migrantes ha sido particularmente desafiante para el gobierno de Biden, tal como lo fue para sus predecesores, al recoger a casi 60.000 menores que cruzaron la frontera sin compañía de un adulto entre febrero y mayo.

Cuando el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a todas las importaciones procedentes de México a menos que el país hiciera más para frenar el flujo de inmigrantes en 2019, el gobierno mexicano desplegó a la recién creada Guardia Nacional para reforzar sus fronteras.

El gobierno de Biden implementa lo que Mayorkas describió como una “postura multidimensional” al tiempo que rechazó cualquier insinuación de que la Casa Blanca ha enviado mensajes contradictorios que pudieron alentar a más migrantes a dirigirse a la frontera.

Harris encabeza las labores de Estados Unidos de identificar y atender las causas de origen de la inmigración. En su visita a Guatemala y México a principios de este mes, instó a los centroamericanos a que no intentaran llegar a la frontera con Estados Unidos mientras intentaba darle a la gente una sensación de esperanza que los aliente a permanecer en sus respectivos países.

El gobierno de Biden ha pasado problemas para mostrar un rostro más compasivo en cuanto a las políticas migratorias de Estados Unidos y revertir algunas de las medidas más estrictas de Trump sin fomentar un mayor flujo migratorio.

Samantha Power, directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), esta de visita esta semana en los países del Triángulo Norte para anunciar nueva ayuda con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en estas naciones. Power y Harris se han expresado en contra de la corrupción endémica de la región y de la necesidad de una mayor oportunidad económica.

Mayorkas señaló que otros elementos de esta postura eran la apertura de recursos legales alternativos hacia Estados Unidos, incluyendo la expansión del Programa de Menores Centroamericanos, que fue anunciada el martes.

El gobierno de Biden anunció que expandiría una renovada labor de llevar a niños centroamericanos hacia Estados Unidos para reunirse de manera legal con sus padres que viven en ese país. En agosto de 2017, Trump anunció la suspensión del programa como parte de sus restricciones migratorias.

Estados Unidos reactivó el programa en marzo pasado para menores de Guatemala, Honduras o El Salvador que habían solicitado permiso condicional humanitario en Estados Unidos antes de que Trump le pusiera fin al programa. La expansión anunciada el martes otorga elegibilidad a familias cuyos padres están en Estados Unidos con distintas formas de estatus legal, incluyendo tarjetas de residencia permanente (green cards) y Estatus de Protección Temporal para países designados que resultaron afectados por desastres naturales o conflictos civiles.

Los padres con solicitudes de asilo pendiente y personas que solicitaron visas para víctimas de delitos antes del 15 de mayo también son elegibles a llevar a sus hijos desde Centroamérica.

El gobierno no señaló cuántas personas podrían beneficiarse de esta expansión, pero Mayorkas y el secretario de Estado, Antony Blinken, señalaron en un comunicado conjunto que los cambios “expandirán drásticamente” la elegibilidad.

Las visitas de Harris, Mayorkas y Power a la región fueron los primeros viajes internacionales para cada uno de ellos como parte del nuevo gobierno, lo que transmite un mensaje de que están atentos a los problemas de la región.

México tiene otras prioridades, en especial reabrir su frontera con Estados Unidos, la cual ha permanecido cerrada a los viajes no esenciales durante más de un año.

El martes, llegaron a México 1,35 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus que fueron donadas por Estados Unidos. El cargamento se utilizará para vacunar a mayores de 18 años en cuatro ciudades que colindan con Estados Unidos: Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Reynosa. México ha dicho que su objetivo es incrementar las tasas de vacunación a niveles similares a los de las ciudades estadounidenses con las que comparten frontera.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo que después de las vacunas no habrá argumentos de salud pública para mantener las fronteras cerradas.

Posteriormente, Ebrard indicó en su cuenta de Twitter que le dijo a Mayorkas que México quería acelerar la vacunación para las personas que viven en la frontera con Estados Unidos para que la vida en esa parte del país regrese a la normalidad. “El secretario señaló que facilitar comercio, turismo y viajes es su prioridad”, escribió Ebrard.

“Ambos entendemos las consecuencias económicas de las restricciones, no solo en las comunidades fronterizas de México, sino en la frontera de Estados Unidos”, declaró Mayorkas.

En cuanto al delicado tema de cooperación en materia de seguridad, Mayorkas dijo que salió “optimista” de una reunión con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Después de que Estados Unidos arrestó el año pasado al exsecretario de Defensa de México, general Salvador Cienfuegos, por cargos de narcotráfico y posteriormente lo libero ante la presión del gobierno mexicano, la cooperación en materia de seguridad entre ambas naciones sufrió un golpe. México impuso restricciones a los agentes estadounidenses en el país.

“Salí de esa reunión, y espero que igual que el fiscal general, sintiéndome optimista de que esas restricciones no sean impedimento para atender nuestros imperativos de seguridad”, dijo Mayorkas.

Mayorkas se negó a opinar sobre la política de “Abrazos, no balazos” del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para lidiar con los cárteles del narcotráfico, señalando que no entiende lo que significa en la práctica. El mandatario mexicano ha criticado las posturas de su predecesores que priorizaban la detención de capos del crimen organizado.

Por KRISTIN M. HALL, JAMES LAPORTA y JUSTIN PRITCHARD

El Ejército de los Estados Unidos ha ocultado o minimizado la verdadera magnitud en que sus armas de fuego desaparecen, y minimiza significativamente las pérdidas y robos incluso cuando algunas armas son utilizadas en delitos callejeros.

El patrón de secretismo y ocultamiento del Ejército se remonta a casi una década, cuando The Associated Press comenzó a investigar el tema dentro de las fuerzas armadas. Los oficiales lucharon contra la divulgación de la información durante años, y después comenzaron a ofrecer respuestas engañosas que contradicen registros internos.

Las armas militares no se desvanecen. Han sido utilizadas en tiroteos, se han blandido para robar y amenazar a personas, incluidos niños, y han sido recuperadas en manos de los delincuentes. Ladrones vendieron fusiles de asalto a una pandilla callejera.

Los oficiales del Ejército proporcionaron información que sugiere que sólo un par de cientos de armas desaparecieron durante la década de 2010. Memorandos internos del Ejército que obtuvo la AP muestran que las pérdidas son mucho mayores.

Los esfuerzos para suprimir la información datan de 2012, cuando la AP presentó una solicitud a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (FOIA, por sus siglas en inglés) para obtener un registro en el que se supone que los cuatro servicios armados reportan la pérdida o el robo de armas de fuego.

El exmiembro del Ejército que supervisó este registro describió cómo él sacó un informe completo de armas perdidas o robadas, pero se enteró después de que sus superiores bloquearon que se divulgara.

Mientras la AP continuaba presionando para obtener información, incluso a través de impugnaciones legales, el Ejército presentó una lista de armas faltantes que estaba tan claramente incompleta que los oficiales después la rechazaron. Luego reportaron un segundo grupo de registros que tampoco dieron un recuento completo.

El secretismo en torno a un tema delicado se extiende más allá del Ejército. La Fuerza Aérea no pudo proporcionar detalles sobre armas desaparecidas y dijo que las respuestas tendrían que esperar a una solicitud de registros federales que la AP hizo hace un año y cinco meses.

El Departamento de Defensa tampoco ha liberado los registros de pérdidas de armas que recibe de los cuatro servicios armados. Únicamente proporcionó totales aproximados de dos años, mientras la AP analizó lo que sucedió entre 2010 y 2019.

El Pentágono dejó de compartir esta información con el Congreso de manera regular hace años, al parecer en la década de 1990. Funcionarios del Departamento de Defensa dijeron que podían notificar a legisladores en caso de un robo o una pérdida pudiera ser considerada “significativa”, aunque ninguna notificación se había hecho al menos hasta 2017.

El martes, después de que la AP publicó la primera parte de su investigación, el senador demócrata Richard Blumenthal, exigió en una audiencia de la Comisión de Servicios Armados del Senado que el Pentágono reanude los reportes regulares sobre las armas perdidas. En una declaración escrita enviada a la AP, el Pentágono señaló que “espera continuar trabajando con el Congreso para garantizar una supervisión apropiada”.

Blumenthal también llamó a la secretaria del Ejército, Christine Wormuth, a que su oficina dé a conocer la información con la que cuenta.

“Me complacería saber cómo hemos manejado este problema”, respondió Wormuth. La secretaria se describió a sí misma como “abierta a” un nuevo requisito de presentación de informes y dijo que la cantidad de armas de fuego militares en manos de civiles probablemente sea pequeña.

Los registros deficientes en los vastos sistemas de inventario de las fuerzas armadas significan que las armas perdidas o robadas pueden ser listadas en los registros de propiedad como seguras. Las fallas de seguridad fueron evidentes a todo lo largo de la cadena, hasta las unidades individuales, que han destruido registros, falsificado controles de inventario e ignorado procedimientos.

El general de brigada Duane Miller, el oficial número 2 en temas de aplicación de la ley del Ejército, dijo que cuando un arma desaparece el caso es investigado ampliamente. Señaló que los casos de armas son una pequeña fracción de los más de 10.000 casos de delitos graves que los investigadores del Ejército abren cada año.

“Creo absolutamente que los procedimientos que teníamos en marcha mitigaron que cualquier arma se perdiera o fuera robada”, dijo Miller sobre su propia experiencia como comandante“¿Pero ocurre? Seguro que sí”.

Por JULIE WATSON, AMY TAXIN y ADRIANA GÓMEZ LICÓN

Los paramédicos eran llamados con frecuencia para responder a ataques de pánico tan severos que los puños parecían pelotas y les temblaba el cuerpo. Los episodios generalmente se producían después de que otros chicos se iban para reunirse con familiares y ellos se quedaban en el albergue de emergencia más grande creado por el gobierno de Joe Biden para alojar a los menores que habían cruzado solos la frontera entre México y Estados Unidos.

Las condiciones descritas por una voluntaria que pasó dos semanas de mayo en el albergue de Fort Bliss en El Paso, Texas, ponen de manifiesto la desesperación y el estrés de miles de niños que son retenidos en instalaciones sin licencia para atender a menores, a la espera de reunirse con algún familiar que vive en Estados Unidos.

Algunos tenían marcas en los brazos, que parecían indicar que trataron de lastimarse, y se instruyó a los voluntarios que sacasen tijeras, lápices e incluso cepillos de dientes que podían ser usados como armas. Si bien las niñas hacían figuras de papel y pulseras de la amistad, los varones se pasaban el día durmiendo, según la voluntaria. Algunos llevaban dos meses allí.

La voluntaria habló a condición de no ser identificada porque no estaba autorizada a comentar en público lo que vio en la base del 12 al 25 de mayo. Dijo que se sintió obligada a hablar por la desesperación que observó. Lo que contó refrenda mayormente lo que declararon a la Associated Press activistas que visitaron el albergue hace poco.

Las condiciones generan alarmas acerca de porqué toma más de un mes, término promedio, entregar a un menor cuando la mayoría tienen familiares en Estados Unidos. Se agregó más personal desde que abrieron estos albergues de emergencia hace algunos meses a raíz de la llegada de una cantidad sin precedentes de menores migrantes. Las llegadas mermaron en las últimas semanas.

“Creo que todo el mundo admite que ningún menor debería pasar más de dos semanas en estos albergues de emergencia”, expresó Aaron Reichlin-Melnick, consejero del American Immigration Council.

Abogados y activistas se preguntan por qué los menores son alojados en instalaciones que no tienen licencias para atenderlos.

Hasta el 31 de mayo, casi 9,000 menores habían pasado por instalaciones sin licencia y 7,200 por albergues con licencia, de acuerdo con documentos legales del gobierno. Mientras que las instalaciones sin licencia funcionaban casi a capacidad en mayo, las licenciadas tenían la mitad de sus camas sin ocupar, de acuerdo con un informe del organismo a cargo del cuidado de los niños.

Activistas piden que el gobierno asigne más fondos para facilitar la entrega de los menores a sus familiares y que quienes no tengan parientes o amigos que los patrocinen, vayan de inmediato a instalaciones con licencia, que deben contar con un empleado a cargo de los menores por cada ocho niños durante el día y una persona capaz de ofrecer terapia psicológica por cada 12 menores.

La voluntaria fue una de más de 700 que trabajaron en el lugar cuando Fort Bliss albergó a más de 4,600 menores en carpas militares con aire acondicionado, llenas de catres militares. Actualmente hay casi la mitad de menores, menos de 2,500.

La voluntaria dijo que conoció chicos que llevaban 54 días allí. Vio niñas joviales que se tornaban irritables y dormían tanto que había que despertarlas para que comiesen.

Varios menores tuvieron ataques de pánico tras ver que sus amigos se iban para unirse a sus familias. Un día hubo que llamar ambulancias cuatro veces por esta razón, según la voluntaria.

“Los paramédicos venían a la carpa y se los llevaban en camilla porque tenían los puños cerrados con fuerza. Las cabezas a veces se inclinaban hacia un lado y temblaban. Era obvio que era algo que no controlaban”, expresó.

Los niños podían llamar a sus familias dos veces por semana.

Un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos no comentó específicamente la afirmación de que hay ataques de pánico y otras inquietudes acerca de la salud de los menores, pero dijo que el gobierno se afanaba por aumentar el espacio para que los niños se entretengan, la ayuda terapéutica y los servicios educativos, así como otras actividades que puedan contribuir al bienestar de los chicos. Agregó que en todas las instalaciones de emergencia hay servicios psicológicos y consejeros.

La cantidad récord de migrantes menores de edad puso a prueba al gobierno de Biden. Entre febrero y mayo las autoridades se hicieron cargo de casi 60.000 menores que cruzaron la frontera sin sus padres.

El objetivo del gobierno es que los menores se reúnan con sus padres o patrocinadores lo más rápidamente posible, pero este proceso toma tiempo y requiere entrevistas, revisión de antecedentes y, a veces, visitas domiciliarias, según el funcionario.

El gobierno dijo que respetó las normas vigentes cuando habilitó 14 sitios de emergencia para albergar menores, luego de que las instalaciones del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza se viesen desbordadas. Agregó que constantemente se mejoran las condiciones de esos albergues.

Por ejemplo, se añadió personal para manejar en forma virtual cada caso, resolver casos complicados y para decidir qué hacer con menores que no tienen parientes ni patrocinadores.

La cantidad de menores en los albergues bajó del pico de 23,000 a 16,000. Cuatro albergues de emergencia cerraron sus puertas y dos más lo harán pronto.

Abogados y activistas sostienen que el albergue de Fort Bliss debería cerrar lo antes posible.

Los activistas aseguran que hay opciones mejores que no están siendo usadas, como el centro de convenciones de Long Beach, California, donde los abogados de inmigración se reúnen regularmente con los menores y se invita a músicos e instructores de yoga.

Una instalación de Pomona, California, alberga unos 500 chicos, pero tiene espacio para más de 2,000. Siempre ha cumplido con su meta de reunir al 20% de los niños con sus padres o patrocinadores cada semana, según Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva de Immigrant Defenders Law Center (Centro Legal de Defensores del Inmigrante) de California.

“Una de las preguntas que tengo es por qué siguen reteniendo menores en sitios como Fort Bliss, cuando se dice que las condiciones son tan malas, si hay otros sitios, como Pomona”, señaló la activista.

Ninguno de los albergues de emergencia puede atender como corresponde a menores que acarrean el trauma de haberle huido a la violencia de sus países, según Leecia Welch, abogada de National Center for Youth Law (Centro Nacional para las Leyes Juveniles), organización sin fines de lucro que está pendiente del trato de los menores migrantes en instalaciones del gobierno.

“No se pone el suficiente énfasis en la reunión de los chicos con sus familias”, dijo Welch, cuyo equipo visitó Fort Bliss el 3 y 4 de junio.

La liberación de los menores se ha hecho más imperiosa desde que el gobernador de Texas Greg Abbott dispuso este mes que no se sigan entregando licencias a albergues para menores.

Los activistas temen que algunos albergues cierren y que más niños sean enviados a albergues sin licencia, como Fort Bliss.

La voluntaria dijo que pudo ver de primera mano el sufrimiento de los menores.

Cuando estuvo ella había más de 900 niñas allí y los voluntarios las dividieron en grupos para atenderlas mejor. Ella integró un equipo que supervisaba a 25 niñas. Algunas requerían supervisión las 24 horas del día porque tenían tendencia a lastimarse ellas mismas, según dijo.

Semanas después de ser admitida en Fort Bliss, una niña de 13 años recibió finalmente un par de zapatos para reemplazar los viejos que había destrozado al caminar por días cuando se fue de Guatemala, de acuerdos con la voluntaria.

Cuando los recibió, los apretó contra su pecho, añadió.