Por AMY TAXIN y JULIE WATSON
Cinco meses después de que el gobierno de Biden declarase una emergencia y se apresurase a habilitar refugios para alojar a una cifra récord de menores que cruzaban solos la frontera entre México y Estados Unidos, los niños seguían haciendo largas estancias en los centros mientras continuaban las llegadas, según activistas de bienestar infantil.
Más de 700 niños llevaban tres semanas o más en los centros sin licencia del gobierno a mediados de julio, según declaraciones presentadas ante una corte federal que supervisa las condiciones de alojamiento para jóvenes inmigrantes. Los activistas afirman que los niños deberían ser liberados rápido para quedarse con familiares en Estados Unidos o enviados a un centro con licencia.
En uno de los casos documentados, un chico salvadoreño de 16 años dijo que se había servido carne cruda a los niños. Pasó más de un mes hasta que el niño, que dijo hablar con sus madre y su padre cada semana, fuera entregado a su padre en Georgia.
“Cuando me despierto todos los días me siento muy frustrado. De los jóvenes con los que llegué, yo soy el último”, dijo el chico en su declaración. “Me gustaría estar con mi papá ahora mismo”.
Cuando el gobierno de Biden abrió los centros de emergencia en marzo para aliviar el peligroso hacinamiento en los puestos de frontera, pretendían ser una solución temporal. Pero meses más tarde, algunos se preguntan si ese sigue siendo el caso.
El número de niños que cruzaron la frontera sin un adulto en julio se acercó a las cifras de marzo, pese al calor estival.
“Si tienes una cena que preparas para tres personas, y aparecen 30.000 personas, vas a tener un problema”, dijo en una vista reciente la juez de distrito estadounidense Dolly M. Gee, que supervisa el acuerdo de alojamiento alcanzado hace décadas, según el cual los gobiernos custodian las condiciones en las que están los niños.
“La infraestructura no está pensada para la llegada de decenas de miles de personas a la vez, y de algún modo el paradigma tiene que cambiar para determinar cómo gestionar estas cifras”, dijo.
Las autoridades fronterizas estadounidenses reportaron más de 18.000 encuentros con niños inmigrantes no acompañados en julio, un 24% más que el mes anterior. Ha sido el mes más atareado en la frontera del gobierno de Biden, con casi 200.000 encuentros a pesar de que normalmente se espera que las llegadas decaigan durante el verano.
Según un reporte del gobierno a principios de agosto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos tenía casi 15.000 niños a su cuidado, pero sólo 11.000 camas en refugios con licencia para niños inmigrantes. Utilizar grandes centros puede cubrir ese déficit, aunque los activistas señalaron que el gobierno haría mejor en ampliar los refugios con licencia donde los niños tienen trabajadores encargados de sus casos y seis horas de educación cada día laborable.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos se encarga de atender a los niños hasta que se les pueda enviar a vivir con familiares u otros tutores en Estados Unidos, mientras esperan a que un juez de inmigración decida si pueden quedarse en el país de forma legal.
La agencia sigue recurriendo a estos centros de emergencia a pesar de que dispone de una amplia red de refugios con licencias estatales que podría ampliarse, así como grandes centros, llamados instalaciones de atención en afluencia y que tienen normas especiales de personal y condiciones de alojamiento.
Los activistas dicen que los alojamientos de emergencia no cumplen ninguno de los criterios de la agencia y son una opción inadecuada y costosa, especialmente para niños pequeños y vulnerables que ya lidian con el trauma de dejar su casa y hacer el peligroso viaje al norte.
“Hay otras formas de hacer esto. En cierto modo están metiendo al cabeza en un agujero y haciendo como si los alojamientos de emergencia fueran la única opción, y eso está muy lejos de la verdad”, dijo Leecia Welch, directora de activismo legal y bienestar infantil en el Centro Nacional de Derecho de Menores, que está entre los abogados que representa a los niños en el caso federal. “Cuando empiezas por algo espantoso, y algo mejor sigue siendo horrible, no está bien”.
Los activistas han pedido a Gee que ordene al gobierno que cumpla los estándares en sus centros de emergencia como hace en las instalaciones de atención en afluencia, que también pretenden responder a picos de llegadas. Por ejemplo, un alojamiento para hasta mil niños en Carrizo Springs, Texas, debe proporcionar un trabajador social por cada ocho niños en las horas en las que están despiertos y ofrecer al menos una sesión individual de terapia semanal por niño. Hay una vista fijada sobre la cuestión para el 1 de octubre.
Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondieron a preguntas de The Associated Press.
Los gobiernos de Obama y Trump también abrieron centros temporales cuando aumentaron las llegadas de niños solos, pero las cifras estaban lejos de las que ha registrado el gobierno de Biden.
Cuando apareció el coronavirus, el gobierno de Trump prácticamente cerró la frontera suroeste a los solicitantes de asilo, amparándose en una medida asociada a la pandemia que envió de vuelta a muchos inmigrantes. Después, en noviembre, un juez federal obligó al gobierno a dejar de expulsar a los niños no acompañados por ese mecanismo.
Dos meses más tarde, Joe Biden asumió la presidencia y el número de niños migrantes que intentaban cruzar la frontera empezó a crecer. Los refugios para menores migrantes seguían operando a una capacidad reducida para combatir el coronavirus, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos se vio de pronto sin espacio para alojarlos.
En los últimos meses, la estancia media en los centros de emergencia ha bajado y el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha cerrado algunos centros y trabajado para mejorar las condiciones en otros. Pero en un momento dado, algunos niños estaban tan desesperados por salir del centro de emergencia más grande, en la Base Militar de Fort Bliss, en Texas, que intentaron escapar, según declaraciones presentadas ante la corte.
Tras ser atrapados, algunos niños fueron trasladados a un centro juvenil con más restricciones en Nueva York. Uno de ellos, un hondureño de 16 años, dijo que era una mejora porque en el nuevo alojamiento recibían pizza y otra comida que les gustaba en lugar del pollo crudo y sanguinolento que les servían en la base militar. También tenían profesores, mientras que antes no recibían clases.
“Mereció la pena portarse mal”, dijo en una declaración. En Fort Bliss, señaló, pasaba el día en la cama como un rehén. “Me alegro mucho de haber intentado escapar de ese infierno. Era horrible, y nunca podía dormir”.
Alex Nowrasteh, director de estudios de inmigración en el centro libertario Cato Institute, dijo que las medidas estadounidenses están empeorando el problema. Él cree que los padres envían a sus hijos a la frontera porque saben que tienen más posibilidades de entrar solos que con un familiar.
Biden ha mantenido las normas de salud pública aplicadas por el gobierno de Trump que impiden a la gente pedir asilo en la frontera, salvo por los niños que cruzan solos.
Si Estados Unidos permite a las familias solicitar su entrada legal en el país, las autoridades podrían gestionar los flujos y eliminar la necesidad de esos refugios de emergencia, señaló.
“Seguimos en una emergencia -las cifras siguen siendo altas- pero desde luego esta no es la forma de gestionarlo”, dijo Nowrasteh. “Tenemos la capacidad de procesar una enorme cantidad de solicitudes de asilo si queremos. Sólo se trata de si el gobierno quiere”.
