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WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema señaló el martes que el gobierno del presidente Joe Biden posiblemente violó la ley federal al intentar ponerle fin a un programa implementado por su predecesor que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México a que llegue la fecha de las audiencias para su caso.

Con el disenso de los tres jueces liberales, la Corte Suprema se rehusó a bloquear el fallo de un tribunal menor que ordena al gobierno a poner nuevamente el marcha el programa conocido informalmente como “Permanecer en México”.

Se desconoce cuántas personas resultarán afectadas y qué tan pronto. Según el fallo del tribunal menor, el gobierno debe realizar un “esfuerzo de buena fe” para reiniciar el programa.

Tampoco hay nada que le impida al gobierno intentar nuevamente ponerle fin al programa, cuyo nombre formal es Protocolos de Protección al Migrante.

Un juez federal de Texas había ordenado la semana pasada la reinstauración del programa. Tanto el juez como la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito rechazaron la solicitud del gobierno de suspender el fallo.

El magistrado Samuel Alito había ordenado una breve demora para otorgarle al pleno de la corte el tiempo necesario para considerar la apelación del gobierno.

El tribunal del 5to Circuito ordenó una consideración expedita a la apelación del gobierno.

La corte no dio una gran explicación de su decisión, aunque sí hizo mención de su opinión del año pasado en la que rechazó el intento del gobierno del expresidente Donald Trump de poner fin a otro programa migratorio, el de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus iniciales en inglés). En ese caso, el tribunal ratificó que la decisión de terminar el DACA era “arbitraria y caprichosa”, lo que viola la ley federal.

El gobierno “no ha podido demostrar la posibilidad de éxito sobre la afirmación de que el memorándum que rescinde los Protocolos de Protección al Migrante no era arbitrario y caprichoso”, escribió la corte el martes en su orden sin firma.

Ninguno de los tres jueces en disenso — Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor — escribió una opinión en la que expresaran su postura del caso.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional señaló que lamenta que el máximo tribunal se haya negado a otorgar el bloqueo. La dependencia dijo que seguirá impugnando la orden del tribunal de distrito.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) hizo un llamado al gobierno a presentar un argumento más detallado y que pueda resistir el escrutinio de la corte para poner fin al programa “Permanecer en México”.

“El gobierno debe echar mano de todos los recursos disponibles para ponerle fin en su totalidad a este programa ilegal, incluyendo terminarlo nuevamente con una explicación más detallada. Lo que no debe hacer, es utilizar esta decisión como una cubierta para abandonar su compromiso de restablecer un sistema de asilo justo”, señaló Omar Jadwat, director del proyecto por los derechos de los inmigrantes de la ACLU.

Durante la presidencia de Trump, la medida obligaba a decenas de miles de solicitantes de asilo en Estados Unidos a regresar a México. Su objetivo era desalentar a los solicitantes de asilo, pero sus detractores señalaron que la política le negaba a la gente su derecho legal a buscar protección en Estados Unidos, obligándolos a esperar en peligrosas ciudades en el lado mexicano de la frontera.

El juez de distrito Matthew J. Kacsmaryk, en Amarillo, Texas, ordenó que se reanudara el programa en respuesta a la demanda presentada por los estados de Texas y Missouri, cuyos gobernadores han intentado restablecer algunas de las estrictas políticas migratorias de la presidencia de Trump.

El gobierno de Biden argumentó que el presidente tiene “clara autoridad para determinar las políticas migratorias” y que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, tiene el criterio para decidir sobre enviar o no a los solicitantes de asilo de regreso a México.

En su escrito presentado ante la Corte Suprema el viernes pasado, el gobierno alegó que la medida ha estado inactiva por más de un año, y restablecerla súbitamente “perjudicaría” las relaciones de Estados Unidos con aliados regionales clave, alteraría severamente sus operaciones en la frontera sur, y amenazaría con crear una crisis diplomática y humanitaria”.

El gobierno de Trump dejó de utilizar en buena medida la política de “Permanecer en México” al inicio de la pandemia, punto en el que comenzó a expulsar a prácticamente todo aquel que cruzara la frontera suroeste en apego a otro protocolo: una orden de salud pública que continúa vigente.

Biden suspendió el programa en su primer día de gobierno, y el Departamento de Seguridad Pública le puso fin en junio.

Kacsmaryk fue nominado como juez federal por Trump. El panel del 5to Circuito que emitió su fallo la noche del jueves incluye a dos designados por Trump: Andrew Oldham y Cory Wilson, junto con Jennifer Walker Elrod, quien fue postulada al cargo por George W. Bush.

En el máximo tribunal, al menos cinco de los seis magistrados conservadores, incluyendo tres nominados por Trump, votaron en favor de restablecer el programa. Bajo el confuso trato del tribunal a las apelaciones de emergencia, los jueces no siempre dan a conocer cuál fue su voto.

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — Una líder extremista condenada por planear un ataque con bomba contra una mezquita de Minnesota está pidiendo a un juez que reconozca legalmente su identidad transgénero.

Emily Claire Hari, quien era conocida anteriormente como Michael Hari, fue declarada culpable el año pasado de los cargos de delitos de odio y violaciones de derechos civiles relacionados con el atentado con bomba contra el Centro Islámico Dar Al-Farooq en Bloomington en agosto de 2017.

Durante el juicio, los fiscales dijeron que Hari actuó alimentado por el odio a los musulmanes cuando ideó un plan para atacar el edificio durante las oraciones matutinas. Nadie resultó herido en el ataque, pero sembró el miedo en la comunidad, dijeron los fiscales.

Hari, de 50 años y de Clarence, Illinois, dijo que la disforia de género y la desinformación de la derecha alimentaron su “conflicto interno” cuando fue condenada por el atentado, según documentos judiciales.

“Ella deseaba fuertemente hacer una transición completa, pero sabía que sería excluida de todos y de todo lo que sabía”, escribió la abogada defensora de Hari, Shannon Elkins, en los documentos. “Por lo tanto, cuando formó un grupo heterogéneo de luchadores por la libertad o milicianos y habló de misiones a Cuba y Venezuela, la señora Hari hizo búsquedas en secreto en internet, escribiendo ‘cambio de sexo’, ‘cirugía de transgénero’ y ‘transgénero posterior a una operación’”.

Elkins dijo que Hari compró uniformes militares para sus llamadas “misiones”, pero que compró ropa femenina para un viaje que planeó hacer a Tailandia para someterse a una cirugía de cambio de sexo de hombre a mujer, informó el diario Star Tribune. Hari estaba viviendo una doble vida, aseguró Elkins.

Elkins citó estos factores al pedirle al juez federal de distrito Donovan Frank que no condene a Hari a una pena mayor de la sentencia mínima de 30 años de prisión, no la cadena perpetua que piden los fiscales.

Hari también solicitó ser colocada en una prisión con base en su identidad transgénero, pero los detalles de la solicitud están sellados.

La sentencia de Hari está programada para el 13 de septiembre.

Dos hombres de Illinois que también fueron acusados en relación con el caso se declararon culpables.

CHICAGO (AP) — Un policía de Chicago que quedó parcialmente paralizado por un tiroteo donde murió su pareja ya fue trasladado a un centro de rehabilitación, pero todavía tiene “un largo camino por delante”, indicó el superintendente de policía de la ciudad.

El traslado del oficial Carlos Yáñez Jr. es “un paso importante en su proceso de recuperación”, dijo el lunes el superintendente David Brown.

Yáñez, de 39 años, perdió un ojo y quedó parcialmente paralizado cuando recibió tres disparos el 7 de agosto en un tiroteo durante una parada de tráfico de rutina donde murió su compañera, la oficial Ella French, de 29 años. Ellos marcaron el alto a un vehículo con placas vencidas cuando uno de los pasajeros abrió fuego.

La hermana y la cuñada de Yáñez abrieron una página de GoFundMe para solicitar contribuciones para su terapia.

El sospechoso del tiroteo, Monty Morgan, de 21 años, recibió un disparo en el abdomen de un tercer oficial. Permanece arrestado y está acusado de asesinato en primer grado de un agente del orden público e intento de asesinato.

Su hermano, Eric Morgan, de 22 años, quien según los fiscales conducía el vehículo, también fue arrestado. Enfrenta cargos por armas de fuego y un cargo de obstrucción de la justicia. Ambos permanecen detenidos en la cárcel del condado Cook sin derecho a fianza.

Un tercer hombre acusado de actuar como comprador falso para adquirir el arma utilizada en el tiroteo enfrenta cargos federales por armas.

WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden ha resuelto mantener el plazo del 31 de agosto para completar la evacuación de Afganistán, dijo un funcionario del gobierno el martes. La decisión refleja en parte los temores del mando militar sobre las amenazas crecientes a la seguridad del puente aéreo masivo iniciado hace 10 días.

Antes de conocerse la decisión de Biden, un vocero del Talibán reiteró que éste se opondría a la extensión del plazo. La milicia prácticamente no ha interferido en el puente aéreo.

Crecían las presiones para que Biden extendiera el plazo que fijó mucho antes de que el Talibán completara la conquista del país el 15 de agosto. No está claro si el puente aéreo desde el aeropuerto de Kabul podrá evacuar para entonces a todos los estadounidenses y los afganos que temen por su vida.

Biden tomó la decisión después de consultar a su equipo de seguridad nacional, dijo el funcionario, que habló la condición de anonimato al anticiparse al anuncio oficial. Al ponderar los riesgos de mantener efectivos en el terreno más allá del plazo, Biden optó por completar la misión para el martes próximo.

Biden pidió a su equipo de seguridad nacional que elabore un plan de contingencia en caso de que la situación obligue a extender levemente el plazo, dijo el funcionario.

Los estadounidenses han enfatizado reiteradamente el peligro de continuar el puente aéreo debido a las amenazas de violencia de la filial afgana del grupo Estado Islámico. El comandante militar alemán, general Eberhard Zorn, dijo el martes que lo más preocupante para Estados Unidos y Alemania era que atacantes suicidas del EI lograran infiltrarse en las multitudes.

Horas después, el vocero del Pentágono, John Kirby, dijo que se necesitarán “al menos varios días” para retirar a varios miles de efectivos y sus pertrechos de Kabul. Dijo que hay tiempo suficiente para evacuar a todos los estadounidenses antes del 31 de agosto, pero no fue tan claro con respecto a los afganos en peligro.

“Creemos que podemos hacerlo para el fin de mes”, dijo con respecto a la evacuación de los estadounidenses que quieren partir. Dijo que varios cientos partieron el lunes y “varios miles” desde que comenzó la evacuación, pero se negó a ser más concreto.

Los aliados de Estados Unidos y otros países también realizan evacuaciones y deberán partir antes que las tropas estadounidenses.

Unas 21.600 personas pudieron salir de Afganistán en el período de 24 horas que finalizó el martes por la madrugada, dijo la Casa Blanca. El día anterior habían salido 16.000.

Treinta y siete aviones militares estadounidenses partieron con 12.7000 evacuados. Otras 8.900 personas salieron en 57 vuelos de aliados de Estados Unidos.

ALBANY, Nueva York, EE.UU. (AP) — Kathy Hochul se convirtió el martes en la primera mujer gobernadora del estado de Nueva York, heredando inmensos desafíos al asumir el control de una administración que enfrenta críticas de inacción durante los distraídos últimos meses de Andrew Cuomo en el cargo.

La demócrata tomó el juramento poco después de la medianoche en un breve evento privado encabezado por la juez principal del estado, Janet DiFiore.

En otra ceremonia de juramentación el martes por la mañana en el Capitolio estatal en Albany, Hochul prometió un “enfoque nuevo y colaborativo” en el gobierno estatal.

“Quiero que la gente vuelva a creer en su gobierno. Para mí es importante que la gente tenga fe”, dijo.

Señaló que ya había comenzado a hablar con otros líderes demócratas que, durante años, se han quejado de haber sido excluidos de decisiones clave y acosados por Cuomo, incluido el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio.

“No habrá ningún paso a ciegas, solo habrá una cooperación total”, dijo Hochul, que hasta ayer era vicegobernadora.

En los próximos meses, Hochul tendrá la oportunidad de remodelar la forma en que funciona el poder en Albany, donde Cuomo dominó la toma de decisiones durante años antes de verse obligado a renunciar en medio de un escándalo de acoso sexual.

Durante generaciones, se ha dicho que todas las decisiones reales en el gobierno estatal las tomaron “tres hombres”: el gobernador y los líderes del Senado y la Asamblea estatales.

Ahora, por primera vez en la historia del estado, dos de esos tres, Hochul y la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, son mujeres. Solo la Asamblea estatal está dirigida por un hombre, Carl Heastie.

Hochul planeaba reunirse con los líderes legislativos más tarde el martes antes de dar un discurso público a las 3 p.m.

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